El gobierno sueco está implementando medidas enérgicas contra la inmigración ilegal, incluyendo la obligación de que los empleados de instituciones públicas informen sobre encuentros con inmigrantes ilegales. Se estima que más de 100.000 personas viven ilegalmente en el país. Sin embargo, esta medida ha generado críticas debido a que podría disuadir a las personas de buscar ayuda y fortalecer la "sociedad en la sombra". Además, el gobierno planea utilizar detección biométrica y extender los controles sobre las personas que ya viven en Suecia. También se están considerando otras medidas como controles aleatorios de inmigración y prohibiciones de reingreso al país.
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