Dolors Montserrat, vicepresidenta del Grupo PPE, ha acusado a Teresa Ribera, vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Europea, de proteger al Gobierno de Pedro Sánchez al no investigar el caso de las balizas V16. Montserrat cuestionó si la obligación de adquirir un modelo específico podría favorecer intereses comerciales y distorsionar la competencia en contravención del derecho comunitario. A pesar de que la Comisión reconoció que existen normas para prevenir prácticas anticompetitivas, su respuesta evitó abordar los conflictos de interés planteados. Montserrat exigió una investigación rigurosa para asegurar la transparencia y la igualdad en el mercado europeo, subrayando que no es aceptable una respuesta formalista ante posibles irregularidades que afectan a millones de ciudadanos.
La obligación de adquirir un modelo concreto podría favorecer intereses comerciales específicos y generar distorsiones de competencia contrarias al derecho comunitario.
La vicepresidenta del Grupo PPE y secretaria general del PPE, Dolors Montserrat, ha lanzado graves acusaciones contra la vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Europea, Teresa Ribera. Montserrat sostiene que Ribera está protegiendo al Gobierno de Pedro Sánchez al evitar investigar posibles conflictos de intereses y distorsiones de competencia relacionadas con la comercialización de las balizas V16 obligatorias en España.
En una pregunta parlamentaria, Montserrat instó a la Comisión a evaluar si la imposición de un modelo específico para estas balizas podría beneficiar a ciertos intereses comerciales y si España ha tomado las medidas necesarias para asegurar transparencia y competencia leal. Sin embargo, la respuesta recibida por parte de la Comisión no aborda estos puntos cruciales.
A pesar de reconocer que “las normas de competencia de la UE prohíben prácticas que impidan o restrinjan el juego competitivo en el mercado interior”, el Ejecutivo comunitario se limitó a afirmar que “no dispone de información concreta sobre posibles conductas o medidas contrarias a la competencia”. Esta falta de acción ha llevado a Montserrat a concluir que existe un marco jurídico europeo claro para abordar estas distorsiones, pero que no se aplica cuando involucra decisiones del Gobierno español.
“Es alarmante que esta respuesta provenga de alguien que fue ministra en el Gobierno de Sánchez, lo cual plantea serias dudas sobre su imparcialidad”, declaró Montserrat. La eurodiputada enfatizó que no se puede invocar el derecho europeo mientras se evaden sus aplicaciones por motivos políticos.
Mientras tanto, Montserrat criticó a la Comisión por escudarse en tecnicismos y por su supuesta falta de información en lugar de cumplir con su deber de supervisión. “La Comisión debe actuar, investigar y garantizar que no se producen abusos ni favoritismos”, añadió.
Además, recordó que es responsabilidad de la Comisión Europea velar por el cumplimiento de las normas de competencia y asegurar condiciones equitativas en el mercado interior. “No es aceptable optar por respuestas meramente formalistas ante irregularidades que afectan a millones de ciudadanos europeos”, insistió.
Por todo ello, el Partido Popular ha exigido a la Comisión Europea que actúe con independencia, investigue rigurosamente los hechos y garantice que no existan distorsiones competitivas ni privilegios derivados de decisiones regulatorias nacionales. “Europa no puede permitirse instituciones que evadan su responsabilidad cuando están en juego la transparencia, la competencia leal y la confianza ciudadana”, concluyó Montserrat.