El Partido Popular ha rechazado la ley de economía social en el Pleno del Congreso, argumentando que es "confusa e ideológica". La diputada Violante Tomás criticó que el texto llega tarde y carece del consenso necesario, advirtiendo que podría perjudicar a muchas cooperativas y ciudadanos. Además, denunció que el Gobierno prioriza la "aritmética parlamentaria" sobre el interés general, creando una norma incoherente que genera inseguridad jurídica. El PP aboga por una economía social basada en resultados y ha presentado propuestas para mejorar la ley, destacando la necesidad de reducir cargas administrativas y aumentar la seguridad jurídica en el sector. También expresó su preocupación por el impacto negativo en cooperativas agroalimentarias y sociedades agrarias.
En el Pleno del Congreso
La diputada del Grupo Popular, Violante Tomás, ha expresado su rechazo a la ley de economía social, argumentando que el texto “llega tarde, está mal planteado y carece del consenso necesario”, lo que representa una oportunidad perdida para el sector. Según Tomás, esta normativa “gustará a algunos, pero perjudicará a muchos”, haciendo hincapié en las cooperativas, que han quedado excluidas de un debate esencial sobre la actualización de su régimen fiscal.
La diputada criticó al Gobierno por priorizar la “aritmética parlamentaria” sobre el interés general, lo que ha resultado en una ley que califica como “confusa, incoherente y generadora de inseguridad jurídica”. En su opinión, el texto se asemeja a un “cajón de sastre” que mezcla materias inconexas con fines políticos.
El PP sostiene que aboga por una economía social fundamentada en resultados tangibles, impacto real y rendición de cuentas. Tomás subrayó que, al competir en el mercado con ayudas públicas, es imperativo exigir el cumplimiento efectivo de los objetivos establecidos. “La economía social no puede ser un mero eslogan ni un instrumento ideológico”, sentenció.
Asimismo, destacó el papel “responsable” del Partido Popular durante la tramitación de la ley, asegurando que no ha bloqueado su avance y ha presentado propuestas orientadas a mejorarla. Estas sugerencias se basan en escuchar al sector y abarcan demandas clave como la reducción de cargas administrativas, mayor seguridad jurídica y más capacidad para potenciar el impacto social.
Tomas también mostró su inquietud respecto al impacto que esta ley podría tener en el sector primario. Señaló que las cooperativas agroalimentarias, sociedades agrarias y cofradías de pescadores requieren “menos trabas, incertidumbre y más confianza” para operar eficazmente.
Desde el Partido Popular se afirma que estarán atentos a la implementación de esta ley y a los posibles efectos adversos que pueda generar. “Si estos se confirman, cuando lleguemos al Gobierno junto a nuestro presidente Núñez Feijóo, impulsaremos las reformas necesarias para proteger el interés general y avanzar hacia una economía social integradora centrada en las personas, su bienestar y su futuro”, concluyó Violante Tomás.