María Jesús Moro, portavoz de Justicia del GPP en el Congreso, ha denunciado que el Gobierno está "amordazando" y "anulando olímpicamente la soberanía popular" al vetar enmiendas del PP aprobadas en el Senado relacionadas con la multirreincidencia. En su intervención, Moro criticó el veto como antidemocrático y abusivo, argumentando que vulnera la Constitución y limita la capacidad de voto del Parlamento. Además, cuestionó la oposición del Gobierno a incrementar la plantilla de fiscales y a establecer controles para la regularización de extranjeros. Moro destacó la necesidad de reformas que fortalezcan las normas penales y los recursos en las fuerzas de seguridad para combatir la delincuencia.
En el Pleno del Congreso
La portavoz de Justicia del GPP en el Congreso, María Jesús Moro, ha denunciado que el Gobierno, “con la inestimable colaboración de su mayoría en la Mesa del Congreso”, ha llevado a cabo un veto a dos enmiendas aprobadas por su grupo en el Senado. Según Moro, esta acción se realiza “en contra de la doctrina constitucional y del juicio técnico del propio Letrado”, afectando normas que son esenciales para la seguridad ciudadana.
La diputada critica al Ejecutivo por lo que considera una intervención y degradación de la democracia, afirmando que “con su alergia al Parlamento lo amordazan”. Moro sostiene que este veto es “antidemocrático” y “abusivo”, ya que elimina la capacidad de voto del Parlamento sobre enmiendas ya aprobadas por otra Cámara, lo cual, según ella, vulnera la Constitución.
Moro también ha expresado su descontento ante la oposición socialista a establecer por ley el compromiso de aumentar la plantilla de fiscales en los próximos dos años. Asimismo, ha criticado el rechazo a una reforma en la Ley de Extranjería que busca implementar procedimientos rigurosos para verificar antecedentes penales o policiales para quienes deseen residir legalmente en España.
La portavoz del GPP señala que este bloqueo revela un deseo de regularización sin controles adecuados, advirtiendo que una “declaración irresponsable” sobre antecedentes penales podría convertirse en un “cheque en blanco”. En su opinión, “de nada servirá tener mejores normas penales contra los reincidentes si no hay controles preventivos” para evitar la entrada o permanencia de delincuentes.
Moro enfatiza que para el Partido Popular es fundamental dar la bienvenida a quienes vienen a trabajar y cumplen con la ley, pero rechaza cualquier tipo de “alfombra roja para la delincuencia”. Además, critica al actual Gobierno al afirmar que ya no actúa como tal, sino como “un grupo de presión y conveniencia”, instando a trabajar con parlamentarios serios para no anular “olímpicamente la soberanía popular”.
La Proposición de Ley presentada ha sido elaborada escuchando a diversas partes interesadas: fuerzas de seguridad, alcaldes, comerciantes y víctimas, así como al Tribunal Supremo y fiscales. Moro destaca que esta iniciativa busca cerrar las puertas a una creciente impunidad relacionada con delitos como hurtos y estafas, además del narcotráfico y defraudación eléctrica para cultivos ilegales.
Finalmente, subraya la necesidad de reforzar las plantillas judiciales y aumentar el número de fiscales en las zonas más conflictivas. También hace hincapié en cuidar a los policías y guardias civiles que operan en primera línea y enfrentan riesgos significativos en su labor diaria.