La mayoría del Congreso de los Diputados ha aprobado una propuesta del Partido Popular (PP) que rechaza la regularización masiva de inmigrantes impulsada por el Gobierno. La moción, apoyada por Vox, Junts y UPN, insta al Ejecutivo a renunciar a esta regularización extraordinaria, argumentando que carece de requisitos y va en contra de los principios europeos. Además, se exige la efectiva implementación de órdenes de retorno y la revisión de acuerdos migratorios con terceros países. En otro ámbito, el PP también logró aprobar una proposición en defensa de los cristianos perseguidos, solicitando medidas internacionales para proteger sus derechos y promover la libertad religiosa.
En el Pleno del Congreso de los Diputados
La mayoría del Congreso ha decidido rechazar la propuesta de regularización masiva de inmigrantes presentada por el Gobierno. En esta sesión, el Grupo Parlamentario Popular (PP) logró el apoyo del Pleno para su moción, que exige al Ejecutivo desistir de inmediato de la regularización extraordinaria, argumentando que carece de requisitos adecuados y contraviene los principios europeos, así como los objetivos establecidos en el Pacto Europeo de Migración y Asilo.
El segundo punto de la moción del PP solicita al Gobierno que implemente efectivamente las órdenes de retorno, revise los acuerdos migratorios con terceros países y garantice la expulsión de extranjeros que hayan cometido delitos graves o sean reincidentes.
Con el respaldo de Vox, Junts y UPN, los populares han conseguido aprobar su moción, que pide al Gobierno retirar un proyecto normativo que podría beneficiar a entre un millón y 1,2 millones de personas, considerando las reagrupaciones familiares. Esta cifra contrasta con los 500.000 beneficiarios estimados por el Ejecutivo.
El PP en defensa de los cristianos perseguidos en el mundo
Además, el PP ha avanzado en otra iniciativa: una Proposición no de Ley en defensa de los cristianos perseguidos globalmente. Este documento reclama que la libertad religiosa sea reconocida como un derecho fundamental y no como un privilegio exclusivo para creyentes, alineándose con lo establecido en el artículo 18 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
Aprobada con el apoyo de Vox y UPN, esta propuesta cuenta con seis puntos que instan al Gobierno a promover resoluciones firmes en organismos internacionales como la UE, el Consejo de Europa y la ONU. Estas resoluciones deben condenar las masacres contra minorías cristianas, reconociéndolas como violaciones graves de derechos humanos o crímenes de lesa humanidad. También se plantea crear mecanismos internacionales para investigar estos hechos y juzgar a sus responsables.
Asimismo, se propone llevar a cabo campañas de sensibilización en España y Europa para fomentar el respeto y la tolerancia religiosa. La iniciativa también exige que la libertad religiosa y la protección a estas minorías sean condiciones previas en los acuerdos internacionales entre España y otros países. Por último, se demandan medidas específicas para proteger comunidades religiosas en riesgo, especialmente aquellas situadas en zonas afectadas por violencia o extremismo, con el objetivo de evitar desplazamientos forzosos y permitirles permanecer en sus territorios originales.