La automotriz china BYD ha presentado una demanda contra el Gobierno de Estados Unidos a través de cuatro filiales en el país, alegando que las órdenes arancelarias impuestas bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional son ilegales. La acción, presentada ante el Tribunal de Comercio Internacional, busca anular estas órdenes y obtener un reembolso de las tasas ya pagadas. Un fallo favorable podría permitir a BYD exportar vehículos a EE.UU. con aranceles reducidos y reactivar su producción en México. Este caso marca un hito al ser la primera vez que una empresa automotriz china desafía directamente los aranceles estadounidenses, estableciendo un precedente para otras compañías del país.
Cuatro filiales estadounidenses de la automotriz china BYD han interpuesto una demanda contra el Gobierno de Estados Unidos, argumentando que las órdenes arancelarias impuestas bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA) son ilegales.
La acción legal fue presentada el 26 de enero ante el Tribunal de Comercio Internacional (CIT) y busca que se declare la invalidez de las órdenes ejecutivas que dieron lugar a la aplicación de gravámenes.
Además, los demandantes piden medidas cautelares permanentes para frenar la implementación de estas tarifas y buscan un reembolso de las tasas ya recaudadas más intereses, según documentos judiciales obtenidos por la revista china Caijing.
La demanda también involucra a altos funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, la Oficina del Representante Comercial y el Departamento del Tesoro.
Un fallo favorable podría facilitar que BYD exporte vehículos a EE.UU. con aranceles inferiores al 15 %, lo que permitiría retomar su proyecto de producción en México, según informa el portal CarNewsChina.
Un analista del sector, citado por Global Times, destacó que esta es la primera vez que una automotriz china impugna activamente los aranceles estadounidenses, estableciendo un precedente para que otras empresas chinas defiendan sus derechos e intereses a través del sistema judicial.