La Asamblea Nacional de Venezuela aprobó por unanimidad una reforma parcial de la Ley Orgánica de Hidrocarburos, con el objetivo de modernizar el sector petrolero del país. Esta reforma introduce nuevos mecanismos para la exploración y explotación de petróleo y gas, incluyendo modalidades de operación que permiten la participación de empresas privadas bajo contratos específicos. Se busca aumentar las garantías jurídicas para los inversores y flexibilizar las regalías, que podrían reducirse temporalmente para fomentar la inversión en campos no desarrollados. La ley también establece Contratos de Participación Productiva, donde las empresas estatales pueden asociarse con privadas para gestionar costos y riesgos sin asumir deudas. La reforma es vista como un paso necesario ante un entorno energético competitivo y busca atraer inversiones nacionales e internacionales para revitalizar la industria petrolera venezolana.
La Asamblea Nacional de Venezuela ha dado un paso significativo al aprobar por unanimidad el proyecto de reforma parcial de la Ley Orgánica de Hidrocarburos en su segunda discusión. El presidente del Legislativo, Jorge Rodríguez, celebró esta decisión, afirmando que “solo cosas buenas vendrán después del sufrimiento” y destacó la importancia de construir un futuro próspero para todos los venezolanos.
Rodríguez también elogió el trabajo realizado por la Comisión de Energía y Petróleo del Parlamento y los esfuerzos de los trabajadores del sector hidrocarburífero. Subrayó el compromiso tanto de la bancada oficialista como de las opositoras para enriquecer el debate legislativo, que incluyó más de 120 propuestas provenientes de la ciudadanía.
La reforma presentada por la mandataria encargada, Delcy Rodríguez, durante su mensaje anual, busca modernizar una ley que data de 2006. Las modificaciones introducen mecanismos innovadores para la exploración, explotación y comercialización del petróleo y gas natural en Venezuela.
Este nuevo marco legal se fundamenta en tres pilares esenciales: cambios en las empresas operadoras, flexibilización de regalías y aumento de garantías jurídicas para atraer inversiones. La normativa contempla 18 artículos que establecen tres modalidades operativas: empresas completamente estatales, mixtas con mayoría estatal y privadas domiciliadas en Venezuela.
Tras la primera discusión del proyecto, se llevó a cabo una consulta pública en la que se recibieron 80 propuestas adicionales. La presidenta interina Delcy Rodríguez enfatizó que el país aspira a “captar importantes flujos de inversión nacional e internacional”. Afirmó que es fundamental adaptar la ley a la nueva realidad económica y energética.
Rodríguez describió la reforma como un “buen plan para el futuro”, resaltando su respeto por la soberanía nacional y su alineación con las prácticas internacionales en el sector energético. Esta nueva legislación busca ofrecer claridad y seguridad jurídica a los inversores.
Entre las novedades se encuentran los Contratos de Participación Productiva, que permitirán a las empresas estatales firmar acuerdos con empresas privadas para llevar a cabo actividades relacionadas con la extracción y comercialización. Este modelo asegura que el Estado no asuma deudas mientras permite a las operadoras recuperar parte de sus costos mediante una participación porcentual sobre los volúmenes fiscalizados.
A su término, todas las instalaciones construidas bajo este esquema pasarán a ser propiedad del Estado sin indemnización alguna.
La reforma también introduce un mecanismo destinado a garantizar la viabilidad económica en campos no desarrollados o ‘greenfields’. Según Orlando Camacho, presidente de la Comisión Permanente de Energía y Petróleo, es crucial establecer cierta flexibilidad en las regalías para atraer inversiones significativas en estos proyectos.
Aunque la regalía estatal se mantendrá en un 30% sobre los hidrocarburos extraídos, podrá reducirse hasta un 20% para empresas privadas que realicen actividades primarias. Además, el Impuesto de Extracción se establecerá sobre los hidrocarburos líquidos extraídos con posibilidad de deducción por regalías pagadas.
Otro aspecto destacado es el aumento de las garantías jurídicas para fomentar inversiones en el sector hidrocarburífero. Se establece que las controversias podrán resolverse en tribunales locales e incorpora mecanismos independientes para mediación conforme a lo estipulado en la Constitución.
Cada contrato incluirá cláusulas específicas sobre retribuciones basadas en participación porcentual sobre volúmenes fiscalizados y disposiciones relativas al arrendamiento y restitución de activos al concluir los contratos.
Cabe recordar que el entorno energético mundial ha cambiado hacia una alta competitividad. Camacho advirtió sobre la necesidad imperativa de adoptar un nuevo marco regulatorio adaptado a estas realidades cambiantes, especialmente ante una transición energética acelerada.
A pesar del avance que supuso la anterior Ley Orgánica de Hidrocarburos hace dos décadas, es evidente que se requiere un nuevo instrumento legal para facilitar el desarrollo conjunto entre sectores público y privado y aumentar así la producción petrolera.
Durante el debate legislativo, Jesús Faría hizo hincapié en cómo las sanciones impuestas por Estados Unidos han afectado gravemente a la industria petrolera venezolana desde 2017. Estas medidas han resultado en una drástica reducción del capital disponible y han debilitado significativamente la producción nacional.
Pérez Abad recordó cómo un paro petrolero orquestado entre 2001 y 2002 resultó en pérdidas millonarias para el país. Para explotar adecuadamente los recursos del crudo pesado venezolano se estima necesario invertir más de 100 mil millones de dólares durante los próximos cinco años.
| Cifra | Descripción |
|---|---|
| 900 millones de dólares | Monto captado por el país bajo el modelo de contratos establecido en la Ley Antibloqueo. |
| 1,2 millones de barriles | Producción de petróleo bajo el esquema jurídico mencionado. |
| 30% | Regalía del Estado sobre los volúmenes de hidrocarburos extraídos. |
| 20% | Regalía reducida para empresas privadas que realicen actividades primarias cuando se demuestre que el proyecto no es económicamente viable. |
| 15% | Regalía reducida para empresas mixtas en condiciones similares. |