Líderes y organizaciones de América Latina han reaccionado fuertemente tras la confirmación de la condena a seis años de prisión por corrupción contra la expresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner, ratificada por la Corte Suprema de Justicia. El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, y el exmandatario boliviano Evo Morales han denunciado que esta decisión es una persecución política. Además, el abogado de Fernández ha calificado la sentencia como una "venganza del poder", anunciando que llevarán el caso a instancias internacionales. La inhabilitación perpetua de Fernández se produce justo después de su anuncio sobre postularse en las próximas elecciones. Para más detalles, visita el enlace.
Líderes y organizaciones de América Latina han expresado su postura tras la reciente decisión de la Corte Suprema de Justicia de Argentina, que ratificó la condena a seis años de prisión por corrupción contra la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Esta resolución ha generado un fuerte debate sobre el uso de la justicia con fines políticos.
El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, manifestó su preocupación al afirmar que «una vez más se utiliza la justicia con motivaciones políticas como instrumento de la derecha contra referentes progresistas de la región». La condena fue emitida por un tribunal compuesto por tres jueces, quienes además inhabilitaron a Fernández de forma perpetua, justo una semana después de que ella anunciara su intención de postularse como diputada en las próximas elecciones en la provincia de Buenos Aires.
El exmandatario boliviano, Evo Morales, calificó la sentencia como «injusta», argumentando que representa una persecución política destinada a proscribir a una líder del pueblo. Su declaración resuena con el sentir de muchos que consideran que esta decisión judicial es parte de una estrategia más amplia para desestabilizar a figuras políticas opositoras.
Asimismo, el Grupo de Pueblo subrayó en un mensaje en redes sociales que «la justicia jamás puede ser una herramienta de proscripción política» y exigió un enfoque más equitativo y justo en los procesos legales. Este tipo de pronunciamientos refleja un creciente malestar en diversos sectores políticos y sociales frente a lo que perciben como manipulaciones del sistema judicial.
El abogado defensor de Fernández, Gregorio Dalbon, enfatizó que no existe evidencia suficiente para sustentar la condena. En sus declaraciones, afirmó: «Esta no es una condena. Es una venganza del poder (…). No hay prueba directa ni indirecta. La sentencia se basa en conjeturas y un relato armado fuera del expediente». Dalbon anunció planes para llevar el caso ante organismos internacionales, incluyendo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Penal Internacional.
La situación actual plantea interrogantes sobre el estado del sistema judicial en Argentina y su impacto en el panorama político regional. Las reacciones continúan fluyendo mientras se espera cómo se desarrollarán los acontecimientos en torno a este polémico fallo.