ERE

El coordinador general del Partido Popular, Elías Bendodo, asiste con “tristeza” y “alivio” al fallo por los ERE, que califica como el “mayor caso de corrupción de la historia de la democracia”.

El juez de refuerzo del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla ha dictado un auto en el que acuerda continuar como procedimiento abreviado las diligencias previas seguidas contra nueve personas investigadas en una pieza separada del caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) centrada en las presuntas irregularidades en las ayudas que la Junta de Andalucía concedió a la Empresa de Gestión Medioambiental S.A. (Egmasa) por un importe aproximado de 21.673.680,62 euros.

La Audiencia de Sevilla rechaza excluir a seis exaltos cargos de la Junta de Andalucía del juicio de la pieza separada del caso ERE por las ayudas a Acyco argumentando que los hechos “no han sido objeto de enjuiciamiento con anterioridad ni, en concreto, en el denominado procedimiento específico”.

El juez de refuerzo del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla ha dictado un auto en el que acuerda continuar como procedimiento abreviado las diligencias previas seguidas contra siete personas investigadas en una pieza separada del caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) centrada en las presuntas irregularidades en las ayudas que la Junta de Andalucía habría concedido por un importe de al menos 35.952.537,26 euros a la mercantil A-Novo Comlink España S.L., con domicilio social en Málaga y cuyo objeto social es el diseño, producción, fabricación, desarrollo, venta, comercialización y mantenimiento de todo tipo de productos y equipos electrónicos y de telecomunicación.

El juez de refuerzo del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla ha dictado un auto en el que acuerda continuar como procedimiento abreviado las diligencias previas seguidas contra el exdirector general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta de Andalucía Daniel Alberto R. y otras cuatro personas investigadas en una pieza separada del caso ERE centrada en las presuntas irregularidades en las ayudas concedidas por la Administración autonómica por un importe total aproximado de 34.264.273 euros a un “entramado empresarial” radicado en la Sierra Norte de Sevilla y controlado por dos de los investigados, uno de ellos ya fallecido en el año 2016.

La sentencia de los ERE ha vuelto a poner encima de la mesa un estilo, una forma de gobernar con uso partidista del poder.