Supervivientes de un corrimiento de tierras ocurrido en 2019 en Bududa, Uganda, que causó más de 53 muertes, han llevado su reclamación ante la ONU: 48 denunciantes piden reubicación y compensación, y acusan al Gobierno de no aplicar medidas eficaces de gestión de desastres. El Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas examina el caso y solicitará una respuesta al Ejecutivo ugandés en un plazo de seis meses.
Supervivientes del corrimiento de tierras de 2019 en el este de Uganda, que causó más de 50 muertes, han llevado ante Naciones Unidas su demanda de reubicación y compensación. La catástrofe dejó más de 53 fallecidos, entre ellos 33 niños.
Los 48 denunciantes acusan al Gobierno de vulnerar la Constitución ugandesa al no aplicar medidas eficaces de gestión de desastres en Bududa, un distrito montañoso expuesto a los corrimientos de tierras. La zona ha sufrido otros episodios mortales: los de 2010 y 2018 causaron más de 142 muertes.
La denuncia llega mientras las lluvias intensas elevan el riesgo de nuevos deslizamientos. Los afectados sostienen que el programa gubernamental de reubicación no tiene suficientemente en cuenta su seguridad, sus derechos sobre la tierra ni sus medios de vida. Cada episodio de lluvias fuertes les recuerda el temor a otra tragedia.
El Comité de Derechos Humanos de la ONU examina un caso que, según la información disponible, sería el primero en reclamar medidas de adaptación climática y podría sentar un precedente mundial. La causa se inició en Uganda en 2020 y, tres años después, recibió el apoyo de la organización ambientalista ugandesa Greenwatch.
Uganda puso en marcha en 2011 un plan para reasentar a quienes viven en zonas propensas a deslizamientos, pero los avances han sido limitados y se ha trasladado a relativamente pocas personas. El mes pasado, el Gobierno lanzó un nuevo programa que ofrece a los hogares afectados 18 millones de chelines ugandeses —4.300 dólares— para ayudarlos a trasladarse a zonas más seguras. Algunos supervivientes cuestionan si esa cantidad basta para cubrir la mudanza y reconstruir sus vidas.
El programa permite elegir entre recibir dos acres de terreno, valorados en 8 millones de chelines —1.900 dólares—, y 10 millones —unos 2.400 dólares— para construir una vivienda, o cobrar en efectivo el equivalente de la asignación para el terreno, además de la misma ayuda para la vivienda. Se prevé que el plan beneficie a 1.410 hogares identificados en zonas de alto riesgo.
El Gobierno ha dado a los residentes de las zonas designadas de alto riesgo dos meses, de noviembre a diciembre, para marcharse; de lo contrario, se enfrentarán a un desalojo forzoso. Los denunciantes también señalan que los cambios en las pautas de lluvia y la menor fertilidad del suelo han perjudicado la agricultura y dificultado que muchas familias mantengan sus medios de vida.
William Tsama, uno de los demandantes, perdió a cuatro familiares. La directora ejecutiva de Greenwatch, Samantha Atukunda Kakuru Mwesigwa, sostiene que el caso busca cambiar la forma en que los gobiernos se preparan y responden ante los desastres relacionados con el clima.
Los supervivientes reclaman compensaciones por la pérdida de familiares y de medios de vida, así como medidas de emergencia, entre ellas sistemas de alerta temprana accesibles en las zonas de riesgo. También piden que la reubicación proteja sus medios de vida, respete sus derechos sobre la tierra y considere las necesidades de cada persona.
La amenaza de los desastres climáticos se extiende por África oriental. Según la Cruz Roja de Kenia, las inundaciones y los corrimientos de tierras causaron al menos 181 muertes en ese país entre marzo y mayo de 2024. En Ruanda, esos fenómenos dejaron 135 fallecidos en mayo de 2023.
En octubre de 2026, una inundación repentina atravesó el distrito de Gorkha, en Nepal, después de que un deslizamiento bloqueara un río. El agua arrasó viviendas e infraestructuras y causó más de 1.500 muertes. La abogada de ClientEarth Vesselina Newman afirmó que el cambio climático está agravando desastres como el de Bududa y que estos ocurren en distintas partes del mundo, como mostró el episodio de Nepal.
Newman señaló que los países más pobres, que han contribuido relativamente poco a las emisiones mundiales, soportan algunas de las consecuencias más graves del cambio climático y necesitan más apoyo financiero. También reclamó que los países de ingresos altos proporcionen asistencia económica y garanticen que llegue suficiente financiación directamente a países como Uganda para desplegar medidas de adaptación que salven vidas.
El caso está ahora ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que pedirá al Gobierno ugandés que responda en un plazo de seis meses.
| Cifra | Dato |
|---|---|
| 2019 | Un deslizamiento en Bududa mató a más de 53 personas, entre ellas 33 niños. |
| 48 | Personas presentan la queja ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU. |
| 2010 y 2018 | Deslizamientos en Bududa que, en conjunto, causaron más de 142 muertes. |
| 18 millones de chelines ugandeses (4.300 dólares) | Ayuda ofrecida por hogar afectado para facilitar el traslado a zonas más seguras. |
| 2 acres; 8 millones de chelines (1.900 dólares) | Una opción del programa: recibir dos acres de tierra, valorados en 8 millones de chelines, además de una ayuda para construir una vivienda. |
| 10 millones de chelines (unos 2.400 dólares) | Ayuda para construir una vivienda, incluida en las opciones del programa. |
| 1.410 hogares | Número de hogares que se espera que se beneficien del programa, identificados en zonas de alto riesgo. |
| Dos meses, de noviembre a diciembre | Plazo dado por el Gobierno a residentes de zonas designadas de alto riesgo para marcharse antes de afrontar un desalojo forzoso. |