Cuca Gamarra, vicesecretaria de Regeneración Institucional del Partido Popular, aboga por la despolitización en la elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) durante la discusión de la reforma de la Ley del Poder Judicial en el Congreso. Gamarra sostiene que esta reforma permitiría que "los jueces elijan a los jueces", garantizando así la independencia judicial frente a un gobierno que, según ella, intenta someter al Poder Judicial. Critica las acciones del Gobierno y sus ataques a los jueces, defendiendo que la reforma propuesta respeta los estándares europeos y fortalece el Estado de derecho. Además, denuncia una estrategia gubernamental para evitar el control sobre su gestión y critica intentos de manipulación electoral.
Durante la toma en consideración de la reforma de la Ley del Poder Judicial en el Congreso de los Diputados, Cuca Gamarra, vicesecretaria de Regeneración Institucional del Partido Popular, ha solicitado apoyo para la propuesta que busca que “los jueces elijan a los jueces”. Esta iniciativa tiene como objetivo garantizar la independencia de la Justicia frente a un Gobierno que, según Gamarra, pretende “romper las costuras del Estado de derecho”. En sus palabras: “Frente a un Gobierno sometido a la mentira, necesitamos una Justicia aliada de la verdad”.
Gamarra alertó sobre lo que considera una “operación para someter al Poder Judicial” por parte del Ejecutivo, mencionando acusaciones de lawfare, ataques y difamaciones hacia los jueces, así como el sometimiento de la Fiscalía General del Estado. Afirmó que esta estrategia busca su propia impunidad. La política también criticó al presidente del Gobierno, quien recientemente atacó a los jueces acusándolos de prevaricación por investigar a su círculo cercano: “Sánchez exige impunidad para los suyos, reclama que la Justicia ponga a sus seres queridos por encima de la Ley”.
La vicesecretaria del PP acusó al Gobierno de “mentir y negar todos los avisos recibidos” sobre la invasión de Ceuta, intentando justificar así las vacaciones de Pedro Sánchez y exonerar sus responsabilidades penales. Gamarra afirmó: “No saben hablar sin mentir, igual que no saben gobernar sin robar”. Además, criticó los constantes ataques del Ejecutivo a medios de comunicación y funcionarios públicos, señalando específicamente los recientes ataques al CNI y a las Fuerzas Armadas: “La única defensa del presidente es atacar a quienes sí hicieron su trabajo”.
A lo largo de su intervención, defendió el trabajo realizado por los servidores públicos durante momentos críticos cuando el Gobierno no estaba presente. Gamarra denunció el “ataque constante al resto de poderes del Estado”, subrayando que el actual Gobierno busca evitar ser controlado. Como ejemplo citó una reciente lista negra de periodistas elaborada por el Ministerio del Interior: “¿Cabe mayor criterio antidemocrático?”.
En relación con la conocida como Ley de Nietos, Gamarra consideró que se trata de un intento por parte del Gobierno para “alterar el censo electoral” en función de sus intereses políticos. Aseguró que ha sido la Justicia quien ha puesto freno a estas prácticas. La reacción del ministro de Justicia ante la resolución del Supremo sobre esta ley fue interpretada por Gamarra como una prueba más de que se aleja cualquier esperanza del Gobierno de mantenerse en el poder mediante manipulaciones.
Reiteró que el principio fundamental de que “los jueces elijan a los jueces” es el único que cumple con los estándares europeos en materia de derechos y justicia. Este principio es respaldado por organizaciones como GRECO y la Comisión Europea. Según Gamarra, pasar de 20 vocales elegidos políticamente a los 8 designados por el Parlamento representa un avance significativo.
Critica además que si el Gobierno se opone a esta reforma está despreciando abiertamente los principios fundamentales establecidos por la Unión Europea: “Entre el modelo europeo y cualquier modelo autoritario, ellos optan por lo autoritario”. En este contexto, Gamarra concluyó afirmando que no existen razones objetivas para oponerse a una reforma destinada a fortalecer el Estado de derecho; una reforma que busca neutralizar riesgos de politización interna, garantizar representación equitativa entre hombres y mujeres y establecer un sistema electoral transparente.