Cuba ha respondido a las nuevas sanciones impuestas por EE.UU., calificándolas como un intento de afectar deliberadamente su economía y obstaculizar la provisión de servicios básicos a la población. El canciller cubano, Bruno Rodríguez, criticó al secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, por su "fracasada obsesión" contra la isla. Las sanciones afectan a funcionarios del Instituto Cubano de Amistad de los Pueblos y varias entidades estatales, complicando la importación de alimentos y medicinas en medio de una crisis económica agravada por el bloqueo. La situación refleja una escalada en las tensiones entre ambos países, con Cuba defendiendo su soberanía frente a acusaciones estadounidenses.
El canciller de Cuba, Bruno Rodríguez, ha calificado las nuevas sanciones impuestas por el Tesoro de EE.UU. como un reflejo de la “fracasada obsesión” del secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio. Según Rodríguez, estas medidas están diseñadas para afectar “deliberadamente” la economía cubana y dificultar que el gobierno garantice servicios básicos a su población.
Rodríguez denunció en su cuenta de X que “el secretario de Estado de EE.UU. continúa castigando a empresas cubanas con el propósito deliberado de afectar nuestra economía e impedir que el Gobierno de Cuba garantice los servicios básicos a la población, que ya se encuentran en una situación crítica debido al bloqueo”.
Asimismo, destacó que esta nueva ronda de sanciones obstaculiza la importación de contenedores con alimentos, medicinas y dispositivos médicos, principalmente adquiridos por micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) privadas en Cuba.
Las sanciones incluyen a varios funcionarios del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos (ICAP) y diversas entidades públicas. En particular, se han visto afectados el Ministerio de la Construcción de Cuba (MICONS), el Grupo Empresarial Geominero Salinero, así como la empresa METALCUBA y otras organizaciones vinculadas al comercio exterior.
Entre los funcionarios sancionados se encuentran Fernando González Llort, Leima Martínez Freire y Noemí Ramona Rabaza Fernández. La inclusión en esta lista implica restricciones significativas para ciudadanos y empresas estadounidenses que deseen realizar negocios con ellos.