El Partido Popular ha anunciado que llevará al Congreso de los Diputados al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y a la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, para que expliquen las presuntas presiones políticas ejercidas sobre mandos de la benemérita. Estas acusaciones, denunciadas por el general jefe de la Zona de Madrid, Fernando Mora, sugieren intentos de manipular la representación institucional de la Guardia Civil en actos oficiales. El PP también ha solicitado información sobre si se han iniciado investigaciones internas y qué medidas se tomarán para asegurar la independencia y neutralidad de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. La situación es considerada grave por el PP, que exige respuestas claras ante lo que consideran un uso partidista de la cadena de mando.
En el Congreso de los Diputados
El Partido Popular ha anunciado su intención de llevar al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y a la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, ante el Congreso. La razón: dar explicaciones sobre las supuestas presiones políticas ejercidas sobre mandos del Instituto Armado, según informaciones recientes divulgadas por distintos medios.
Estas alegaciones apuntan a que las presuntas instrucciones políticas estaban destinadas a limitar la representación de la Guardia Civil en los actos institucionales programados para el Día de la Comunidad de Madrid en 2025. En particular, se destaca que el general jefe de la Zona de Madrid, Fernando Mora, ha sido quien denunció estas presiones.
Además de solicitar las comparecencias, el PP ha registrado una serie de preguntas parlamentarias para indagar si el Ministerio del Interior o la Dirección General de la Guardia Civil han iniciado alguna investigación interna sobre estos hechos. También quieren saber si el ministro tenía conocimiento de las presiones denunciadas y qué medidas planea tomar el Ejecutivo para asegurar que ningún miembro de la Guardia Civil reciba instrucciones políticas que comprometan su neutralidad e independencia.
Desde la perspectiva del Partido Popular, las revelaciones son extremadamente graves. Aseguran que indican una posible utilización partidista de la cadena de mando dentro de la Guardia Civil y un intento por influir en su representación institucional por motivos políticos. Estos hechos son considerados incompatibles con la imparcialidad que debe caracterizar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, lo que exige respuestas rápidas y claras por parte de los responsables políticos.
Las recientes informaciones se suman a otros escándalos que afectan a la dirección política de la Guardia Civil, donde tanto su directora general como el director adjunto operativo (DAO) están siendo investigados por su supuesta implicación en una trama relacionada con corrupción vinculada a las cloacas del PSOE y Leire Díez.
Ambos altos funcionarios enfrentan investigaciones por parte de la Audiencia Nacional por delitos como prevaricación y obstrucción a la Justicia, debido a su presunta participación en acciones destinadas a obstaculizar indagatorias relacionadas con el entorno del presidente Pedro Sánchez y su Gobierno.