El Partido Popular ha obtenido el respaldo del Congreso para su plan contra las adicciones en el entorno laboral y la modernización del Observatorio Estatal de Adicciones. La portavoz de Trabajo del GPP, Isabel Prieto, destacó la falta de normativa específica en España para evaluar los riesgos laborales relacionados con las adicciones, subrayando la necesidad de herramientas claras y protocolos para proteger a los trabajadores. Además, se criticó la inacción del Gobierno en materia de Salud Pública y Adicciones, demandando una nueva Estrategia Nacional sobre Adicciones que incluya financiación adecuada y participación social.
En la Comisión Mixta para el estudio de los problemas de las adicciones, la portavoz de Trabajo del Grupo Parlamentario Popular (GPP) en el Congreso, Isabel Prieto, ha denunciado la falta de un marco normativo adecuado en España que integre las adicciones dentro de la evaluación de riesgos laborales. Prieto subrayó que los trabajadores tienen derecho a una protección efectiva en cuestiones de seguridad y salud.
La diputada destacó que actualmente no existe una guía técnica oficial del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo que aborde específicamente este problema. Esta carencia obliga a las empresas a recurrir a normativas generales que resultan insuficientes para abordar adecuadamente el tema.
Prieto hizo un llamado urgente al Gobierno para que se apruebe una guía oficial y un marco unificado, desarrollado mediante un diálogo social y con la participación activa de las comunidades autónomas. La portavoz reclamó la implementación de herramientas claras, como protocolos, cuestionarios, encuestas anónimas y programas de ayuda al empleado, que faciliten la identificación de riesgos psicosociales y permitan actuar antes de que se produzcan situaciones peligrosas o accidentes laborales.
Por su parte, la diputada Cristina Moreno también criticó la inacción del Gobierno en materia de Salud Pública y Adicciones. Recordó que la Estrategia Nacional sobre Adicciones lleva más de año y medio caducada, sin que el Ministerio de Sanidad haya presentado un nuevo marco estratégico ni un calendario claro para su aplicación.
Moreno añadió que esta falta de planificación contribuye al “caos” en el ámbito sanitario, caracterizado por retrasos acumulados y una ausencia notable de consensos. En este contexto, exigió modernizar los sistemas de información sobre adicciones, reforzar el Observatorio Español de las Drogas y las Adicciones, así como mejorar la interoperabilidad entre datos e incluir sistemáticamente las adicciones comportamentales.
Finalmente, instó al Gobierno a presentar con carácter urgente una nueva Estrategia Nacional sobre Adicciones, dotada con financiación suficiente y elaborada en colaboración con el diálogo social y las comunidades autónomas. “Las adicciones no pueden esperar más”, concluyó Moreno.