El Partido Popular (PP) ha solicitado la reprobación del ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, argumentando que ha fallado en su deber de proteger a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Durante un debate en el Senado, los senadores Yolanda Ibarrola y Fernando Martínez-Maíllo criticaron la inacción del Gobierno en la lucha contra el narcotráfico y señalaron que Marlaska es el ministro más reprobado en las Cortes. Ibarrola destacó la necesidad de reconocer a la Policía Nacional y a la Guardia Civil como profesiones de riesgo y propuso aumentar recursos y efectivos para combatir la criminalidad. Además, Martínez-Maíllo lamentó la falta de apoyo del PSOE hacia estas fuerzas, subrayando que el narcotráfico representa un grave problema de salud pública.
A través de una moción consecuencia de interpelación
El Partido Popular (PP) ha manifestado que el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, debe ser reprobado “por omisión, por comisión y por mentir”. Esta declaración fue realizada por los senadores del Grupo Parlamentario Popular, Yolanda Ibarrola y Fernando Martínez-Maíllo, durante el debate de una moción que se someterá a votación en el Pleno del Senado. La moción aborda la política del Ministerio del Interior en relación con la lucha contra las organizaciones criminales, especialmente aquellas dedicadas al narcotráfico.
Ibarrola recordó a los dos guardias civiles que perdieron la vida el 8 de mayo en Huelva mientras cumplían con su deber, así como a todos aquellos que han sacrificado su vida sirviendo a España. La senadora criticó la incapacidad del Gobierno para proteger adecuadamente a quienes velan por la seguridad de la ciudadanía, subrayando que esta debería ser su misión principal.
La senadora Ibarrola señaló que Grande Marlaska es el ministro más reprobado en las Cortes, calificándolo de “nefasto”. Recordó cómo comenzó su mandato cesando al jefe de la UCO y culminó mintiendo a los españoles sobre las reuniones entre la directora de la Guardia Civil y Leire Díez. “Cada día la mentira va modificando su contorno”, advirtió Ibarrola, haciendo referencia a las declaraciones del ministro sobre estas reuniones.
Ibarrola también expuso que cuando una organización criminal desafía a la Guardia Civil, esto indica un problema mayor: “el problema ya no es policial. El problema es político: ¿Qué ha hecho el Gobierno durante estos años para evitar que llegáramos hasta aquí?”. Criticó además que Marlaska ignorara las advertencias de asociaciones profesionales y sindicatos policiales sobre el narcotráfico.
La dirigente popular alertó sobre el fortalecimiento del narcotráfico y el debilitamiento del Estado. Afirmó que “las mafias aumentan sus recursos” mientras los agentes continúan reclamando más dotación y medios. En este contexto, propuso medidas concretas como reconocer a la Policía Nacional y a la Guardia Civil como profesiones de riesgo, restablecer OCON-Sur y dotarles de más efectivos y tecnología.
Ibarrola enfatizó que es fundamental que ningún agente tenga que enfrentarse a organizaciones criminales mejor equipadas. Además, abogó por una respuesta penal proporcional ante quienes atacan a los representantes legítimos del Estado, sugiriendo una fiscalía específica para investigar estos casos.
Por su parte, Fernando Martínez-Maíllo criticó la negativa de otros grupos políticos a aumentar los efectivos y recursos materiales destinados a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Insistió en que proteger a la Guardia Civil frente al narcotráfico es esencial para garantizar su capacidad operativa en alta mar durante persecuciones.
Martínez-Maíllo destacó el daño social causado por el narcotráfico e hizo hincapié en la inacción del PSOE respecto a una ley aprobada en 2024 para declarar la labor de las FCSE como profesión de riesgo, actualmente congelada en el Congreso. Recordó también cómo los recortes en las plantillas comenzaron bajo el mandato del expresidente Zapatero, situación que el PP comenzó a revertir desde 2015 tras superar la crisis económica.
Finalmente, concluyó señalando que esta iniciativa es necesaria para proteger tanto la seguridad nacional como a los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.