La Corte Suprema de EE. UU. ha decidido no escuchar la apelación de Meta en el caso Meta v. Vermont, lo que permite que avance una demanda estatal que alega que la compañía violó la ley de Vermont al no implementar un sistema de verificación de edad en Instagram. La demanda, presentada por la Fiscal General de Vermont, Charity Clark, sostiene que Meta engañó a los consumidores al permitir que menores accedieran a la plataforma sin supervisión parental, exponiéndolos a contenido potencialmente dañino. Aunque Meta argumentó que la ley estatal infringía la Primera Enmienda y buscaba protección bajo la Sección 230 de la Ley de Decencia en las Comunicaciones, el rechazo del tribunal no establece un precedente vinculante pero permite que las reclamaciones estatales continúen. Este caso es parte de un creciente esfuerzo estatal para regular el acceso a redes sociales por parte de menores en EE. UU., lo cual podría influir en cómo las plataformas implementan controles de edad en todo el país.
La Corte Suprema de EE. UU. ha decidido no escuchar la apelación de Meta en el caso Meta v. Vermont, permitiendo que avance una demanda estatal que alega que la compañía violó la ley de Vermont al no implementar un sistema de verificación de edad en Instagram. Esta decisión, emitida sin comentarios, allana el camino para que el caso regrese al tribunal estatal, donde la Fiscal General de Vermont, Charity Clark, presentó la demanda en 2023.
La demanda acusa a Meta de prácticas engañosas por no verificar las edades de los usuarios como exige la legislación de protección al consumidor de Vermont. Analistas legales han señalado que la negativa del Tribunal Supremo a tomar el caso no establece un precedente nacional vinculante, pero permite que las reclamaciones del estado avancen. Meta había argumentado que la ley entraba en conflicto con la inmunidad federal bajo la Sección 230 de la Ley de Decencia en las Comunicaciones y violaba la Primera Enmienda.
La legislación de Vermont exige a las plataformas de redes sociales implementar sistemas que verifiquen la edad de los usuarios antes de otorgar acceso, una medida que los funcionarios estatales afirman está diseñada para proteger a los menores de daños en línea. La demanda presentada por la Fiscal General Clark sostiene que Instagram no cumplió con este requisito, engañando así a los consumidores. El documento legal indica que la falta de verificación por parte de Meta permitió a niños acceder a la plataforma sin supervisión parental, exponiéndolos a contenido potencialmente dañino.
Meta ha enfrentado acusaciones similares en otros estados. Más de 40 fiscales generales estatales presentaron una demanda separada contra Meta en 2023, alegando que la compañía intencionalmente hizo que los niños se volvieran adictos a las redes sociales para explotarlos económicamente. El caso de Vermont es uno entre varias acciones a nivel estatal que se basan en leyes de protección al consumidor en lugar de estatutos federales, lo que desplaza el campo legal desde Washington hacia los tribunales estatales.
Meta argumentó que el requisito de verificación de edad impuesto por Vermont viola la Primera Enmienda al obligar a las plataformas a recopilar y retener datos del usuario, lo cual podría inhibir la libertad de expresión. La empresa también reclamó inmunidad bajo la Sección 230, que protege a las plataformas en línea contra responsabilidades por contenido generado por terceros. En su petición ante el Tribunal Supremo, Meta afirmó que la ley estatal estaba preemptada por leyes federales. Los jueces denegaron el certiorari sin emitir una opinión escrita, una acción rutinaria que mantiene intactas las decisiones del tribunal inferior.
Esta decisión sigue un patrón observado en otros casos relacionados con verificaciones de edad. En agosto de 2025, el Tribunal Supremo permitió que entrara en vigor la ley sobre verificación de edad en Mississippi, a pesar de que el juez Brett Kavanaugh calificara dicha ley como "probablemente inconstitucional". Observadores legales han indicado que esta resolución podría alentar a otros estados a seguir reclamaciones similares, aunque la falta de una decisión sobre el fondo significa que las cuestiones constitucionales permanecen sin resolver por ahora.
La Fiscal General Charity Clark celebró la decisión del Tribunal Supremo, afirmando que reafirma la autoridad del estado para regular plataformas en línea para garantizar la seguridad infantil. En un comunicado, Clark indicó que la demanda busca responsabilizar a Meta por lo que considera prácticas comerciales engañosas. Reportes indican que esta acción legal "considera ilegal una decisión del plataforma por no verificar tu identificación", planteando así un desafío para el anonimato online.
Defensores de privacidad expresaron preocupación sobre cómo los mandatos de verificación podrían llevar a una extensa recopilación y vigilancia de datos. La reciente política de la Comisión Federal de Comercio permite a las corporaciones recopilar biometría y documentos identificativos bajo el pretexto de verificar la edad del niño, legalizando efectivamente una recolección masiva de datos. Críticos argumentan que tales sistemas obligan a los usuarios a entregar información sensible, socavando sus derechos a la privacidad.
El caso Vermont forma parte de un creciente esfuerzo estatal para regular el acceso a redes sociales para menores. Varios estados han promulgado leyes exigiendo verificación age como Connecticut, Nebraska y Utah, enfocándose en algoritmos e imponiendo estrictos controles sobre edades. A nivel internacional, Australia prohibió el uso social media para menores de 16 años, llevando a Meta a eliminar casi 550 mil cuentas; España implementó restricciones similares para usuarios menores.
El resultado del litigio en Vermont podría influir significativamente sobre cómo las plataformas implementan verificaciones etarias en todo el país. Empresas tecnológicas y grupos defensores han unido fuerzas para desafiar el Código Diseño Apropiado Para Niños aprobado en California, también exigente sobre estimaciones etarias y configuraciones predeterminadas sobre privacidad. El panorama legal sigue siendo fragmentado; mientras algunos tribunales han respaldado requisitos específicos sobre verificación, otros han anulado mandatos amplios basándose en fundamentos constitucionales.
A medida que más casos avancen por los tribunales estatales y federales, es probable que eventualmente se requiera al Tribunal Supremo abordar los límites constitucionales relacionados con las leyes sobre verificación etaria.