El Partido Popular (PP) ha expresado su preocupación en el Parlamento Europeo sobre el control político de los mecanismos anticorrupción en España, señalando que no se trata de errores aislados, sino de un patrón sistemático. Javier Zarzalejos, eurodiputado y presidente de la Comisión de Libertades (LIBE), advirtió sobre el debilitamiento de las instituciones independientes contra la corrupción, haciendo referencia a casos recientes que involucran al Gobierno español y a figuras cercanas al mismo. El informe también critica la falta de implementación por parte de España de recomendaciones del Grupo de Estados contra la Corrupción del Consejo de Europa y denuncia el uso indebido del sistema judicial con fines políticos. Además, se menciona la interferencia gubernamental en los medios públicos como un problema adicional.
Preocupa el caso de España
La Comisión de Libertades del Parlamento Europeo ha emitido un informe que advierte sobre el significativo debilitamiento de las herramientas y organismos independientes encargados de combatir la corrupción en varios Estados miembros. Este documento, aprobado recientemente, señala una tendencia preocupante que afecta a la integridad institucional.
El eurodiputado del Partido Popular y presidente de la comisión LIBE, Javier Zarzalejos, subrayó que aunque el informe no menciona países específicos, sus advertencias son claramente aplicables a España. “Estamos ante un constante deterioro democrático debido a un Gobierno que actúa como si las instituciones fueran de su propiedad. No se trata de errores ni casualidades, sino de un patrón sistemático de control político”, afirmó.
En este contexto, la secretaria general del PPE, Dolors Montserrat, enfatizó que “el debilitamiento por parte del Gobierno de los organismos que luchan contra la corrupción no es fruto de la casualidad”. Un ejemplo claro es el cambio en la dirección de la UCO, realizado por el Gobierno en medio de investigaciones que involucran a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, quien ha sido imputada por cuatro delitos graves: tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida y malversación.
Además, Montserrat recordó que actualmente se está juzgando al ex número 2 del PSOE, José Luis Ábalos, en el Tribunal Supremo en relación con una macrocausa de corrupción con serias implicaciones.
El informe también insta a los Estados miembros a implementar las recomendaciones del Grupo de Estados contra la Corrupción del Consejo de Europa (GRECO). En particular, España no ha puesto en práctica ninguna de las 19 recomendaciones emitidas por este organismo.
Independencia judicial
Respecto a la independencia judicial, el informe denuncia “el uso indebido del sistema judicial con fines políticos, incluyendo la persecución de opositores y la injerencia en investigaciones sobre corrupción”.
Un caso notable es el del ex fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, quien fue condenado por revelación de secretos en un proceso utilizado para perseguir políticamente a una oponente bajo órdenes provenientes de Moncloa.
El eurodiputado Juan Ignacio Zoido destacó que el Parlamento Europeo recuerda que los órganos responsables del poder judicial deben estar compuestos mayoritariamente por jueces elegidos por sus pares y cumplir con los criterios establecidos por la Comisión de Venecia y el Consejo de Europa.
A pesar del compromiso asumido por el Gobierno español con la Comisión Europea durante las negociaciones para la renovación del CGPJ en junio de 2024, esta promesa aún no se ha cumplido. “Que los órganos gubernamentales de los jueces sean elegidos por ellos mismos es la mejor garantía para asegurar la independencia judicial”, concluyó Zoido.
Finalmente, el informe condena también las interferencias gubernamentales en los medios públicos en algunos Estados miembros y exige un proceso transparente y abierto para elegir sus órganos directivos. Esta observación se basa igualmente en la colonización del ente público RTVE por parte del Gobierno español.