Ester Muñoz, portavoz del GPP en el Congreso, ha expresado su preocupación sobre la regularización masiva de inmigrantes promovida por el Gobierno de Sánchez, advirtiendo que esto podría abrir un "agujero" en la seguridad de España y la Unión Europea. Según Muñoz, aunque los inmigrantes regularizados no podrán asentarse en otros países de la UE, sí podrán circular libremente, lo que representa un riesgo potencial para la seguridad al permitir que delincuentes y terroristas se desplacen. La portavoz criticó la falta de transparencia del Gobierno respecto a los datos sobre nacionalidades adquiridas bajo la Ley de Memoria Democrática y cuestionó la gestión actual en materia de inmigración y seguridad nacional. Además, abordó temas relacionados con la defensa de los cristianos perseguidos y la necesidad de mantener relaciones sólidas con la OTAN.
En rueda de prensa en el Congreso de los Diputados
La portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Ester Muñoz, ha expresado su preocupación por la reciente regularización masiva de inmigrantes en España. Según Muñoz, el Comisario Europeo de Interior ha advertido que aquellos inmigrantes regularizados no podrán establecerse en la Unión Europea, aunque sí tendrán libertad de circulación si cuentan con residencia legal en España. “Esto convierte a España en un agujero para la seguridad, no solo para nuestro país, sino también para toda la UE”, afirmó.
Muñoz también hizo hincapié en que documentos oficiales del Gobierno, como la Estrategia Nacional contra el Terrorismo publicada en el BOE, ya han señalado el riesgo de vínculos entre redes yihadistas y el tráfico de personas. Criticó lo que considera una “doble vara de medir” por parte del Ejecutivo, indicando que cuando se trata de alertas del BOE es considerado un asunto serio, pero si lo menciona el Partido Popular se les tacha de racistas. “Son unos absolutos irresponsables”, añadió.
En otro orden de cosas, Muñoz destacó que el Partido Popular lleva cinco meses intentando obtener información sobre cuántas personas han adquirido la nacionalidad española a través de la Ley de Memoria Democrática. A pesar de haber finalizado el plazo en octubre, el Gobierno no ha proporcionado cifras. “No sé qué es peor: si tienen un descontrol absoluto o si nos están tomando el pelo”, comentó.
La portavoz anunció que su partido ha registrado un escrito solicitando amparo a la presidenta del Congreso para exigir al Gobierno que proporcione los datos requeridos. Criticó además el nivel de opacidad del Ejecutivo, señalando que “es un riesgo tanto para España como para Europa que procesos de regularización masiva estén dirigidos por personas como las que ocupan cargos en este Gobierno”.