Agentes de la Guardia Civil han incautado 15 pangolines muertos en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, procedentes de un vuelo de Addis Abeba, Etiopía. Estos animales, protegidos por el CITES, fueron descubiertos en una maleta tras una inspección con rayos X. La pasajera responsable está siendo investigada por un delito contra la fauna. El tráfico ilegal de especies protegidas representa una grave amenaza para la biodiversidad y puede acarrear penas de prisión y multas según el Código Penal. Los ejemplares han sido enviados a la autoridad nacional CITES para su evaluación.
Agentes de la Guardia Civil han llevado a cabo una importante incautación en el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, donde encontraron 15 ejemplares muertos de pangolín dentro de una maleta. Estos animales, que pertenecen a una subespecie protegida, procedían de un vuelo que había llegado desde Addis Abeba, Etiopía. La acción se enmarca dentro del cumplimiento del Convenio sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES).
La operación se realizó en el contexto de las funciones de resguardo fiscal del Estado, que incluyen la prevención y persecución del contrabando y otras infracciones fiscales bajo la supervisión de la autoridad aduanera.
El pasado 16 de febrero, miembros de la Unidad de Fiscal y Fronteras del aeropuerto realizaron controles a los pasajeros que llegaban en un vuelo desde Etiopía. Durante estas inspecciones, detectaron anomalías en una maleta a través de un escáner de rayos X, lo que llevó a los agentes a investigar más a fondo.
Al abrir la maleta en presencia de su propietaria, encontraron los 15 pangolines envueltos en plástico, con un peso total aproximado de 40 kg. Estos animales están catalogados en el apéndice I del CITES, lo que significa que su comercio internacional está estrictamente regulado debido a su estado de conservación.
Como resultado de esta incautación, la pasajera ha sido investigada por ser presunta autora de un delito contra la fauna. Los ejemplares han sido enviados a la autoridad nacional CITES para su análisis y valoración.
El tráfico ilegal de especies protegidas representa una grave amenaza para la biodiversidad global y puede acarrear severas sanciones penales, incluyendo penas de prisión y multas según lo estipulado en el Código Penal.