Quince estados liderados por demócratas han presentado una demanda contra la administración de Trump, impugnando cambios recientes en el calendario de vacunas infantiles. La demanda alega que el Secretario de Salud, Robert F. Kennedy Jr., nombró ilegalmente asesores escépticos sobre vacunas y evitó la revisión científica adecuada. Los cambios propuestos degradan las recomendaciones para seis vacunas, trasladándolas a una categoría de "decisión compartida", lo que podría reducir las tasas de vacunación y aumentar enfermedades prevenibles. Los fiscales generales argumentan que estas modificaciones violan la ley federal y perjudican la salud pública, mientras que la administración defiende su autoridad y sostiene que los cambios son coherentes con prácticas internacionales. Este caso refleja un conflicto más amplio sobre la política de salud pública y la autoridad en materia de vacunas en Estados Unidos.
Un grupo de quince estados liderados por demócratas ha presentado una demanda contra la administración de Trump, cuestionando las recientes modificaciones en el calendario de vacunación infantil. La acción legal alega que el Secretario de Salud, Robert F. Kennedy Jr., nombró de manera ilegal a asesores escépticos respecto a las vacunas y evadió la revisión científica correspondiente. Las nuevas directrices han degradado las recomendaciones para seis vacunas, trasladándolas a una categoría de «toma de decisiones compartida». Los demandantes sostienen que estos cambios disminuirán las tasas de vacunación y aumentarán las enfermedades prevenibles, además de poner presión sobre los recursos estatales.
La demanda se formalizó el 24 de febrero en un tribunal federal de California, marcando un desafío significativo a la política federal de salud. Los estados argumentan que las revisiones al calendario de inmunización fueron realizadas sin un fundamento científico adecuado y ponen en riesgo la salud pública al generar confusión y reducir las tasas de vacunación.
El litigio se centra en dos acciones primordiales tomadas por Kennedy desde su nombramiento. En primer lugar, impugnó su decisión en junio de 2025 de destituir a todos los miembros votantes del Comité Asesor sobre Prácticas de Inmunización (ACIP) del CDC, reemplazándolos con 17 nuevos integrantes que comparten su escepticismo hacia las vacunas. En segundo lugar, busca anular el nuevo calendario de vacunas infantiles emitido en enero de 2026, elaborado bajo la orientación de este panel reestructurado.
El calendario actualizado modificó el estatus recomendado para vacunas contra enfermedades como la hepatitis A y B, ciertos tipos meningocócicos y COVID-19 para niños sanos. Estas vacunas pasaron de ser parte del esquema universal a estar clasificadas como «decisión clínica compartida», lo que implica que se administrarán tras una consulta entre médico y padres, en vez de ser parte estándar del programa rutinario. Los estados afirman que este cambio resultará en una disminución en la cobertura inmunológica.
Los fiscales generales argumentan que la administración infringió la ley federal al no consultar adecuadamente al comité asesor establecido por ley antes de implementar cambios tan amplios. Aseguran que el nuevo calendario «dañará la salud pública al disminuir la aceptación de las vacunas y aumentar las tasas de enfermedades prevenibles por vacuna», generando confusión y desinformación.
Además, destacan la carga financiera que anticipan asumir. El Fiscal General de California, Rob Bonta, advirtió que sin intervención judicial, los estados tendrían que gastar recursos significativos para tratar enfermedades antes raras, responder a brotes y combatir la reticencia hacia las vacunas. La demanda cita décadas de evidencia científica y datos del CDC mostrando cómo las vacunas han evitado cientos de millones de enfermedades y más de un millón de muertes entre los niños estadounidenses nacidos desde 1994.
El Departamento de Salud y Servicios Humanos ha rechazado firmemente las afirmaciones planteadas por los estados. Una portavoz del departamento calificó la demanda como un «truco publicitario» y afirmó que «por ley, el secretario tiene autoridad clara para tomar decisiones sobre el calendario de inmunización del CDC y sobre la composición del ACIP».
Los funcionarios defienden los cambios políticos como una alineación «de sentido común» con prácticas adoptadas por otras naciones desarrolladas. Señalan una revisión interna ordenada por el presidente Donald Trump que concluyó que Estados Unidos era un caso atípico global al recomendar rutinariamente ciertas vacunas como la hepatitis A. Un memorando del entonces director interino del CDC, Jim O’Neill, indicaba que la actualización tenía como objetivo aumentar la confianza pública en las vacunas. Además, sostienen que los nuevos miembros del ACIP aportan perspectivas «complejas y matizadas».
Esta demanda multilateral no es un hecho aislado; refleja otro caso presentado en 2025 por importantes organizaciones médicas, incluyendo la Academia Americana de Pediatría, también buscando bloquear el calendario revisado y los nuevos nombramientos del ACIP. Un juez federal en Massachusetts escuchó argumentos sobre ese caso a principios de febrero y se espera un fallo.
Las batallas legales evidencian una profunda división ideológica respecto a la autoridad en salud pública y políticas sobre vacunas. Los demandantes presentan el conflicto como una defensa frente a interferencias motivadas políticamente en medicina basada en evidencia. Critican específicamente la dependencia administrativa del calendario vacunal danés como modelo, argumentando que esta nación pequeña y homogénea con atención médica universal no es comparable con Estados Unidos.
El desenlace de esta demanda tendrá implicaciones profundas para el panorama sanitario estadounidense. En juego está el proceso mediante el cual se formulan y revisan las recomendaciones vacunales nacionales. Este caso examina los límites del poder del secretario de salud para reconfigurar cuerpos asesores expertos y redefinir orientaciones médicas establecidas durante mucho tiempo. Mientras los tribunales deliberan, persiste una pregunta fundamental: ¿está nuestro calendario nacional de inmunización sujeto a una revisión científica rigurosa e independiente necesaria para mantener la confianza pública? Este asunto no debería ser cuestión de lealtades políticas; debe centrarse en asegurar que nuestras orientaciones sanitarias estén fundamentadas en la mejor evidencia disponible y sean evaluadas regularmente con base en resultados concretos. Un enfoque verdaderamente científico exige revisar periódicamente nuestro calendario vacunal, comparar nuestros indicadores sanitarios con los otros países desarrollados e introducir adaptaciones basadas en datos transparentes e imparciales. El objetivo debe ser establecer un proceso que genere confianza pública mediante su integridad, apoyando así tasas sostenibles de vacunación y protegiendo la salud comunitaria durante generaciones venideras.
| Cifra | Descripción |
|---|---|
| 15 | Estados liderados por demócratas que están demandando a la administración Trump. |
| 6 | Vacunas cuya recomendación ha sido degradada en el nuevo calendario de vacunación. |
| 2025 | Año en que se despidieron a todos los miembros votantes del ACIP (Comité Asesor sobre Prácticas de Inmunización). |
| 2026 | Año en que se emitió el calendario revisado de vacunas para niños. |