Un proyecto de ley en Massachusetts, conocido como S. 2246, avanza en el Senado y busca reducir los kilómetros recorridos por vehículos personales para cumplir con los objetivos climáticos del estado. La propuesta exige que el Departamento de Transporte de Massachusetts establezca metas de reducción de viajes en automóvil a partir de 2030 y crea un consejo de 15 miembros para fomentar el uso del transporte público y alternativas a los vehículos privados. Aunque los partidarios argumentan que es necesario para abordar las emisiones del transporte, los críticos advierten sobre la posible pérdida de libertades personales y el impacto negativo en la economía, especialmente en áreas rurales. Este proyecto ha generado un debate nacional sobre su viabilidad y consecuencias.
Un proyecto de ley en Massachusetts (S. 2246) busca reducir la cantidad de millas recorridas por los vehículos como parte de un esfuerzo para cumplir con los mandatos climáticos y de reducción de gases de efecto invernadero. Esta propuesta instruye al Departamento de Transporte de Massachusetts (MassDOT) a establecer metas estatales para la reducción del uso del automóvil a partir de 2030, además de crear un consejo de 15 miembros que promueva el transporte público y alternativas a los vehículos personales.
Los defensores del proyecto argumentan que es necesario, dado que el transporte es la principal fuente de emisiones en el estado. Aseguran que se centra en una planificación a largo plazo y no en castigar a los conductores. Sin embargo, los críticos advierten que esta legislación representa una intromisión del gobierno, amenazando la libertad personal, la estabilidad económica y la movilidad, especialmente en áreas rurales.
La legislación, titulada "Ley para Alinear el Plan de Transporte del Commonwealth con sus Mandatos y Objetivos para Reducir Emisiones y Millas Recorridas" (S. 2246), fue presentada por la líder demócrata del Senado estatal, Cynthia Stone-Creem (D-Norfolk y Middlesex). La propuesta se inspira en leyes y marcos regulatorios existentes en Colorado y Minnesota para alinear la planificación del transporte en Massachusetts con sus objetivos de reducción de gases de efecto invernadero.
Según un resumen del proyecto, este requeriría que MassDOT establezca metas estatales para reducir las millas recorridas. Dichos objetivos serían considerados por la Oficina Ejecutiva de Energía y Asuntos Ambientales del estado al establecer límites y sublímites de emisiones de gases de efecto invernadero.
No obstante, el proyecto no especifica una reducción numérica en las millas recorridas por persona. En cambio, instruye al secretario de transporte estatal a establecer metas oficiales para la reducción del uso vehicular para 2030 y cada cinco años después. Además, se crearía un consejo intergubernamental encargado de identificar formas para hacer el transporte público más accesible e incentivar a los residentes a optar por este medio en lugar del automóvil privado.
El comité conjunto del Senado sobre Telecomunicaciones, Utilidades y Energía aprobó favorablemente el proyecto con una votación de 4-1 en noviembre. Desde entonces, ha sido referido al Comité de Medios y Medidas del Senado, donde enfrentará un examen más detallado antes de avanzar potencialmente hacia toda la Legislatura.
A pesar del apoyo recibido, el proyecto ha desatado una fuerte reacción nacional. Los críticos sostienen que podría dar lugar a un control excesivo por parte del gobierno sobre el transporte personal. Un clip viralizado durante una audiencia celebrada el 14 de mayo mostró a Creem afirmando que Massachusetts necesita explorar «estrategias adicionales» más allá de los vehículos eléctricos debido a recortes federales en estándares de emisión.
Grupos fiscalizadores han expresado su oposición vehemente. La Alianza Fiscal de Massachusetts advirtió que esta propuesta podría perjudicar la economía estatal y restringir la vida cotidiana. Paul Diego Craney, portavoz del grupo, afirmó: «Esto sería increíblemente dañino para la economía estatal y limitaría el transporte para innumerables residentes». Algunos demócratas también han manifestado preocupaciones sobre cómo afectará a las comunidades rurales donde los desplazamientos largos son inevitables.
Criticas más agudas provienen desde grupos ciudadanos; Elijah DeSousa, residente en New Bedford y fundador de Citizens Against Eversource, calificó el proyecto como un «plan para controlar comportamientos disfrazado como política ambiental», defendiendo así el derecho fundamental a moverse libremente sin necesidad de permisos o métricas estatales.