La administración Trump ha lanzado una investigación significativa contra los cambios de género en menores, emitiendo más de 20 citaciones judiciales a médicos y clínicas que ofrecen tratamientos de transición. Este movimiento marca la mayor ofensiva del gobierno para restringir el acceso a estos servicios. La jefa de fiscales, Pam Bondi, afirmó que los profesionales involucrados rendirán cuentas por lo que considera "mutilación" de niños. Además, se han citado a laboratorios que producen medicamentos utilizados en estos tratamientos. Esta acción sigue a un fallo de la Corte Suprema que apoya leyes estatales contra bloqueadores de pubertad y terapias hormonales. El gobierno busca eliminar el financiamiento federal para la atención médica relacionada con la disforia de género en menores. Para más información, visita el enlace: https://biblioteca.cibeles.net/la-administracion-trump-lanzo-una-investigacion-contra-cambios-de-genero-en-ninos/.
El Departamento de Justicia de Trump ha dado a conocer esta semana que ha emitido más de 20 citaciones judiciales dirigidas a médicos y clínicas que ofrecen atención médica relacionada con la transición de género en menores de edad. Este anuncio, realizado el miércoles pasado, marca un hito significativo en la política gubernamental al representar la mayor ofensiva hasta la fecha para restringir el acceso a tratamientos de cambio de género para este grupo etario.
La jefa de fiscales del gobierno, Pam Bondi, afirmó en un comunicado que “los profesionales médicos y organizaciones que mutilaron a niños en nombre de una ideología perversa rendirán cuentas”. Según las autoridades, las investigaciones abiertas abarcan posibles delitos relacionados con fraude en el cuidado de la salud, declaraciones falsas y otros cargos penales.
Aparte de las citaciones a los proveedores médicos, el Departamento de Justicia también ha convocado a declarar a grandes laboratorios que comercializan los medicamentos utilizados en los tratamientos de transición. Estas acciones se producen tres meses después de que Bondi advirtiera públicamente que cualquier caso sospechoso de "mutilación genital" practicada a menores sería objeto de investigación.
Aunque aún no se han presentado cargos formales, en junio el FBI solicitó al público que reportara hospitales o médicos involucrados en cirugías de cambio de género para niños. En ese mismo mes, la mayoría conservadora del Tribunal Supremo de Estados Unidos validó la constitucionalidad de una ley en Tennessee que prohíbe el uso de bloqueadores hormonales y terapias hormonales para menores.
En paralelo, la Administración de Centros de Medicare y Medicaid (CMS) envió cartas a nueve hospitales en mayo solicitando información sobre intervenciones médicas para menores con “disforia de género”. Estas cartas se fundamentan en un informe del Departamento de Salud y Servicios Humanos, el cual promueve la psicoterapia como alternativa a las intervenciones médicas para tratar dicha disforia.
Dicho informe fue solicitado mediante una orden ejecutiva firmada por Trump en enero, cuyo objetivo es eliminar todo apoyo federal a la atención médica relacionada con la transición para menores hasta 19 años. Aunque dos tribunales federales han bloqueado partes del decreto, este sigue vigente. Además, Trump ha instado al Congreso a prohibir permanentemente las cirugías de cambio de sexo en menores, respaldando un proyecto presentado por la diputada Marjorie Taylor Greene que criminalizaría estos tratamientos.
Desde su regreso a la Casa Blanca, Trump ha implementado políticas destinadas a recuperar lo que considera sentido común perdido durante la administración anterior: reinstauró restricciones para personas transexuales en el servicio militar, bloqueó su participación en deportes femeninos y estableció que los pasaportes solo reflejen el género asignado al nacer.
El decreto titulado "Defendiendo a la mujer del extremismo de la Ideología de Género y Restaurando la Verdad Biológica en el Gobierno Federal", firmado por Trump en enero, reconoce únicamente dos sexos inmutables: masculino y femenino. Asimismo, prohíbe el uso de fondos públicos para promover cualquier concepto contrario a esta afirmación categórica.