Un juez de Sevilla ha planteado la posibilidad de presentar una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre la aplicación del artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que regula los plazos de instrucción. Esto surge tras un fallo de la Audiencia Provincial que determinó el incumplimiento de dichos plazos en una investigación relacionada con presuntos delitos de prevaricación y malversación en la concesión de ayudas a la empresa Tartessos Car S.L. El magistrado ha propuesto tres opciones procesales: continuar las actuaciones, archivar el caso o consultar al TJUE sobre la compatibilidad del artículo con el Derecho comunitario. La decisión busca evitar situaciones de impunidad en casos de corrupción que afecten a los intereses financieros de la UE.
El Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla ha emitido un auto en el que consulta a la Fiscalía y a las partes implicadas en la investigación sobre las ayudas en forma de avales concedidas a la empresa Tartessos Car S.L. si es necesario plantear una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). Esta petición se relaciona con la aplicación del artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que regula los plazos procesales de investigación.
En esta causa, el magistrado investiga presuntos delitos de prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos, vinculados a la concesión irregular de ayudas a la sociedad Tartessos Car. Se señala que estas ayudas fueron otorgadas sin cumplir con los requisitos establecidos y que podrían haber coincidido con otras ayudas sociolaborales, identificando hasta 19 empresas involucradas en este contexto.
El juez ha indicado que, según las evidencias recogidas, los responsables de la Agencia IDEA habrían utilizado indebidamente los avales, tanto los “propios o excepcionales” como aquellos previstos por la normativa para ayudar a empresas en crisis. Esto se habría realizado como un medio para canalizar fondos públicos hacia Tartessos Car de manera arbitraria e injusta, contraviniendo así las normativas comunitarias sobre ayudas estatales.
La Audiencia Provincial de Sevilla ha respaldado recursos presentados por varias defensas al considerar que se han infringido los plazos legales establecidos para la investigación. Como resultado, el magistrado ha solicitado hoy a las partes que presenten alegaciones sobre tres posibles caminos procesales tras lo decidido por la Audiencia.
La primera opción sugiere dejar inaplicada la ejecución del artículo 324 en esta causa y continuar las actuaciones mediante un procedimiento abreviado, argumentando que dicha ejecución es contraria al Derecho de Unión y existen indicios sólidos de criminalidad.
La segunda alternativa contempla el archivo o sobreseimiento del caso, basándose en una interpretación del artículo 324 que considera inexistente cualquier impacto del Derecho de la Unión en este asunto. Esto impediría valorar indicios de criminalidad surgidos durante las investigaciones previas.
Por último, el magistrado propone elevar una o varias cuestiones prejudiciales al TJUE sobre la posible incompatibilidad del artículo 324 con el Derecho comunitario, especialmente en relación con principios fundamentales como la protección de los intereses financieros de la Unión y el derecho a un proceso equitativo.
El instructor destaca que establecer un sistema rígido de plazos procesales no debe llevar a situaciones donde se impida investigar delitos graves que afectan a los intereses financieros europeos. Según sus palabras, esto podría resultar en una “impunidad jurídica” ante conductas ilícitas relacionadas con el uso indebido de fondos públicos.
Además, subraya que cualquier incumplimiento temporal relacionado con estos plazos no debería suponer el cese automático de investigaciones penales, especialmente aquellas vinculadas al fraude y corrupción administrativa. La falta de acción podría comprometer gravemente la lucha contra tales infracciones y afectar negativamente a las políticas comunitarias sobre ayudas estatales y competencia libre.
El magistrado concluye que una normativa procesal que conduzca al archivo anticipado de causas por meros vencimientos temporales representa un riesgo significativo para sancionar casos no prescritos relacionados con corrupción. Este escenario podría limitar severamente las capacidades legales del sistema judicial español en su lucha contra estos delitos.
No obstante, cabe destacar que contra este auto no cabe recurso alguno. El juez solo busca recabar opiniones sobre cómo proceder respecto a una posible cuestión prejudicial ante el TJUE.
Un juez de Sevilla pregunta si debe plantear una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre la aplicación del artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que regula los plazos procesales de investigación.
La cuestión surge tras la conclusión de la Audiencia Provincial de Sevilla, que determinó que se han incumplido los plazos legales de investigación en una causa relacionada con ayudas concedidas a la empresa Tartessos Car S.L.
El magistrado plantea tres opciones: 1) dejar inaplicada la ejecución del artículo 324 y continuar las actuaciones; 2) archivar o sobreseer las actuaciones conforme a dicho artículo; 3) plantear cuestiones prejudiciales al TJUE sobre la posible incompatibilidad del artículo 324 con el Derecho de la Unión.
El artículo establece un sistema de plazos para las investigaciones penales, y su aplicación puede afectar a casos de corrupción y malversación, lo que podría llevar a situaciones de impunidad si se determina que los plazos no se han cumplido.
El magistrado advierte que un archivo basado en el incumplimiento de plazos podría generar impunidad jurídica y comprometer la lucha contra la corrupción y el fraude, afectando así los intereses financieros de la Unión Europea.
Se están considerando alegaciones por parte del Ministerio Público y otras partes sobre cómo proceder tras lo resuelto por la Audiencia Provincial, incluyendo la posibilidad de solicitar aclaraciones al TJUE.