Yolanda Díaz, vicepresidenta y ministra de Trabajo y Economía Social de España, ha instado a los eurodiputados a priorizar legislativamente la Economía Social en la Unión Europea. Durante un evento en Bruselas, destacó que este modelo productivo no solo genera empleo estable, sino que también promueve la cohesión territorial y la innovación social. A pesar de los avances legislativos, Díaz subrayó la necesidad de implementar marcos normativos específicos en muchos países miembros para potenciar la Economía Social, que representa el 8% del PIB europeo. También enfatizó la urgencia de mejorar la contratación pública para facilitar la inclusión de empresas sociales y lamentó recortes en financiación que limitan su crecimiento. Para más detalles, visita el enlace.
La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha solicitado un mayor compromiso por parte de los eurodiputados para posicionar la Economía Social como una prioridad en la agenda política y legislativa. Esta petición fue realizada durante un encuentro con la comisaria Roxana Minzatu y el grupo de eurodiputados que promueven este modelo productivo en el Parlamento Europeo.
Díaz enfatizó que "demostramos, con hechos, que la Economía Social genera empleo estable, impulsa la cohesión territorial y fomenta la innovación social al servicio del bien común". Estas declaraciones se realizaron en el marco del evento organizado por el Intergrupo de Economía Social y Servicios de Interés General del Parlamento Europeo, titulado "Revisión de las directivas de contratación pública: preparando el terreno para la Economía Social en la UE".
El evento contó con la participación activa de la vicepresidenta de la Comisión Europea, quien es responsable de Derechos Sociales, Competencias y Empleo de Calidad. El Intergrupo, creado en 1990 e integrado por eurodiputados, representantes de la Comisión y Estados miembros, ha sido fundamental para impulsar importantes medidas legislativas relacionadas con la Economía Social. Entre estas se destacan el Plan de Acción de la Economía Social aprobado en 2021 y la Recomendación del Consejo sobre el desarrollo de condiciones marco para esta economía en 2023.
Díaz agradeció al Intergrupo su labor en favor del avance de la Economía Social dentro del marco legislativo europeo, donde representa aproximadamente el 8% del PIB de los Veintisiete. La ministra subrayó que "Europa necesita respuestas audaces, inclusivas y sostenibles", características propias de las empresas que operan bajo principios éticos que promueven igualdad y gobernanza democrática.
A pesar de los progresos alcanzados, Díaz instó a seguir desarrollando marcos estratégicos que favorezcan a la Economía Social. Señaló que muchos países miembros aún carecen de estrategias o legislaciones específicas que apoyen este modelo empresarial. Resaltó que el impacto debe medirse no solo en términos económicos, sino también en beneficios sociales, territoriales y ambientales.
Asimismo, hizo hincapié en la necesidad urgente de avanzar en los procesos de contratación pública para facilitar la inclusión efectiva de empresas sociales. También expresó su preocupación por los recortes en financiación a nivel europeo destinados a este sector, advirtiendo que esto limita su crecimiento y capacidad para responder a desafíos como la emergencia ecológica y las desigualdades crecientes.
Díaz recordó las iniciativas implementadas en su país para fortalecer la Economía Social, un ecosistema que actualmente proporciona empleo directo o indirecto a más de dos millones de personas. Se está llevando a cabo una modernización normativa junto con esfuerzos por mejorar su financiamiento, como es el caso del PERTE de la Economía Social y de los Cuidados. La vicepresidenta concluyó afirmando que Europa puede y debe ofrecer un impulso decisivo a este modelo económico alternativo.
Durante su visita a Bruselas, Díaz mantuvo encuentros con líderes de SGI Europe, una organización representativa del sector empresarial social. Ambos lados coincidieron en continuar fortaleciendo el diálogo social y reafirmaron su compromiso con avanzar en la agenda social dentro del contexto europeo.
Yolanda Díaz ha pedido un mayor compromiso legislativo para situar la Economía Social como prioridad política en la Unión Europea.
Díaz destaca que la Economía Social genera empleo estable, impulsa la cohesión territorial y fomenta la innovación social al servicio del bien común.
El Intergrupo ha sido clave para aprobar medidas legislativas importantes en el ámbito de la Economía Social, como el Plan de Acción de la Economía Social y la Recomendación del Consejo para su desarrollo.
La Economía Social supone un 8% del PIB de los Veintisiete países miembros de la Unión Europea.
Díaz ha subrayado la necesidad de avanzar en la contratación pública para facilitar la participación de empresas de inserción y centros especiales de empleo en estos procesos.
En España se han iniciado modernizaciones normativas y se está fomentando su financiación, como es el caso del PERTE de la Economía Social y de los Cuidados.