Este retraso afecta tanto a los procedimientos de los Juzgados de Primera Instancia como a los de las Audiencias Provinciales, y se debe al “mal funcionamiento” de la Administración de Justicia, según denuncia Arantxa Goenaga, abogada y socia del despacho Círculo Legal Barcelona. Goenaga señala la falta de medios y las huelgas como las principales causas de la saturación judicial, y critica la nueva Ley por el Derecho a la Vivienda, que impone más requisitos a los propietarios para reclamar sus propiedades.
La situación es especialmente grave en algunas comunidades autónomas, donde el plazo medio para desalojar a los okupas supera la media nacional. Es el caso de Andalucía (22,5 meses), Baleares (23,2 meses), Canarias (23,5 meses) y Castilla y León (31,5 meses), donde los propietarios tienen que esperar más de dos años para recuperar sus viviendas.