El Tribunal Supremo ha decidido tramitar como medida cautelar la solicitud de los senadores del Grupo Parlamentario Popular (GPP), otorgando al Gobierno un plazo de 10 días para presentar sus alegaciones. Aunque el PP respeta esta decisión, enfatiza que no aborda el fondo del asunto, que es la obligación del Gobierno de comparecer ante el Senado. El tribunal también ha dejado abierta la vía cautelar ordinaria y ha subrayado que el control parlamentario es un derecho fundamental de los senadores. La situación plantea un debate jurídico sobre la relación entre el Gobierno y las Cámaras legislativas.
El Tribunal Supremo ha decidido tramitar como medida cautelar la solicitud presentada por los senadores del Grupo Parlamentario Popular (GPP), permitiendo al Gobierno un plazo de 10 días para presentar sus alegaciones. Esta decisión se produce en un contexto donde el PP ha manifestado su respeto hacia el auto, aunque sostiene que no aborda el fondo del asunto.
Desde el Partido Popular, se ha enfatizado que es fundamental que el Gobierno explique su negativa a comparecer ante el Senado. "Defenderemos una regla democrática esencial: el Gobierno no escoge quién le controla", han afirmado desde la formación política.
El Tribunal Supremo ha optado por rechazar la tramitación excepcional de la medida cautelar sin audiencia del Gobierno, y mantiene abierta la vía cautelar ordinaria. En su auto, se aclara que no se pronuncia sobre el fondo del recurso ni prejuzga su admisibilidad o resolución.
La esencia del debate radica en que "ningún Gobierno puede decidir qué Cámara le controla, cuándo lo hace y en qué condiciones". El alto tribunal ha reconocido explícitamente que se invoca un derecho fundamental de los senadores, subrayando que el control al Gobierno es inherente a su función como legisladores y que esta prerrogativa no ha perdido su relevancia.
El Partido Popular ha reiterado su compromiso con las decisiones judiciales. La Sala ha acordado continuar con la tramitación de la medida cautelar mediante el procedimiento ordinario, dando así audiencia a la Abogacía del Estado. Esto implica que el debate jurídico y constitucional planteado por el GPP sigue vigente.
El auto también establece que su decisión se limita a cuestiones cautelares y no prejuzga futuras decisiones sobre jurisdicción, competencia o admisibilidad del procedimiento. Como consecuencia inmediata, ahora corresponde al Gobierno presentar sus alegaciones y justificar ante el Tribunal Supremo su falta de atención a las comparecencias convocadas regularmente por el Senado.
Finalmente, desde el Grupo Parlamentario Popular se destaca que continuarán insistiendo en la necesidad de que el Gobierno comparezca ante ambas Cámaras.