Pedro Sánchez llega al final del verano rodeado de problemas que no son menores ni anecdóticos. Investigaciones que rozan el entorno del PSOE, el caso Leire Díez, la situación judicial de su esposa, antiguos dirigentes socialistas envueltos en causas penales y, de fondo, una crisis en Ceuta que vuelve a recordar hasta qué punto Marruecos puede tensionar la frontera española a voluntad.
En ese escenario, aparece Óscar Puente atacando públicamente al Rey. La excusa ha sido una fotografía de Felipe VI con Javier Negre durante un acto en Colombia. Puede discutirse si el Rey debió o no posar. Pero convertir un saludo de segundos en una “ignominia” y en una “línea roja” revela algo más profundo: la voluntad deliberada de un ministro sanchista de convertir a la Corona en adversario político.
Óscar Puente no es un ministro cualquiera. Es el especialista en el combate sucio en redes, uno de los hooligans más eficaces del sanchismo. Y su intervención no ha sido improvisada.
Se está preparando es el terreno para introducir en España el debate entre Monarquía y República. El mecanismo es políticamente inteligente. Sánchez no necesita plantear de entrada una reforma constitucional. Basta con promover una consulta no vinculante, negociada en la sombra con nacionalistas e independentistas vascos y catalanes, tradicionalmente hostiles a la Corona. Una consulta que no aboliría la Monarquía, pero cuyo resultado, si ganara la opción republicana, transformaría de inmediato la legitimidad política de la institución.
Si, Felipe VI seguiría siendo Rey según la Constitución. Pero desde el día siguiente la pregunta dejaría de ser jurídica y pasaría a ser política: ¿puede un monarca continuar indefinidamente cuando una mayoría de ciudadanos acaba de decir que prefiere la república? La calle, los medios afines, los partidos republicanos y buena parte de los parlamentarios sanchistas responderían que no.
Esa es la jugada de Pedro Sánchez, deslegitimar políticamente a la Corona para, después, activar el procedimiento constitucional necesario.
Además, existe un argumento histórico de enorme potencia emocional: El franquismo. Juan Carlos fue designado sucesor por Franco en 1969. La Constitución de 1978 otorgó a la Monarquía una legitimidad democrática nueva.
Jurídicamente es falso afirmar que la Corona actual es “franquista”. Pero políticamente el discurso es fácil de construir, sobre todo entre las generaciones que no vivieron la Transición: si la legislación de Memoria Democrática declara ilegal el régimen de Franco, y Franco designó a Juan Carlos, entonces la monarquía es una herencia cuya legitimidad se deberá revisar.
Primero se cuestiona al Rey. Después se formula la pregunta aparentemente irreprochable: “¿Por qué no dejamos que los españoles decidan si prefieren una república?”. Finalmente se propone la consulta. El resultado es un cambio completo del foco mediático. Mientras el país discute sobre Felipe VI, Juan Carlos, Franco, Monarquía, República y Transición, deja de hablar durante semanas, o incluso meses, de Ceuta, de Leire Díez, de las investigaciones judiciales, de los casos de corrupción, del entorno del presidente, de Begoña Gómez y de las responsabilidades políticas del PSOE.
Ese cambio de escenario es el que necesita un Pedro Sánchez sometido a una corrupción escandalosa. Y le ofrece, además, algo que pocos gobernantes han tenido al alcance de la mano: la posibilidad de pasar a la Historia no como el presidente socialista rodeado de escándalos, sino como el hombre que instauró la Tercera República. Sánchez podrá, en lugar de convocar elecciones, iniciar el procedimiento de cambio de la Constitución, por supuesto sin abandonar la Moncloa. Que de eso se trata, haciendo tiempo hasta que los votos de los nietos y bisnietos le vuelvan regalar las siguientes elecciones, cuando le convengan, claro, aunque tendría que acudir al Tribunal Constitucional de Conde Pumpido para que le arreglara lo que dispone el artículo 1.3 y el Título II.
Pero ya sabemos que Pedro Sánchez no tiene límites y nadie será capaz de evitarlo. ¿O sí?