La Guardia Civil ha desarticulado una red criminal que cobraba entre 4.500 y 10.500 euros por regularizar ilegalmente a extranjeros mediante contratos de trabajo falsos. La operación "Lutasanol" resultó en la detención del principal captador y la investigación de otros tres implicados, quienes utilizaban una empresa para llevar a cabo esta actividad fraudulenta. La organización, que operaba en varias provincias españolas, había gestionado más de un centenar de expedientes ilegales, generando un fraude superior a los 100.000 euros y facilitando la obtención indebida de prestaciones públicas.
La Guardia Civil ha desarticulado una organización criminal en el marco de la operación “Lutasanol”, dedicada a la regularización fraudulenta de ciudadanos extranjeros mediante contratos laborales falsos. Esta red cobraba entre 4.500 y 10.500 euros por cada expediente fraudulento, habiendo tramitado ilegalmente más de un centenar de casos.
En el transcurso de la operación, se detuvo al principal captador de la trama y se investigó a otros tres presuntos implicados: dos administradores de una empresa utilizada para las actividades ilegales y un gestor laboral que colaboraba con ellos. Además, se llevó a cabo un registro en el establecimiento que funcionaba como centro de operaciones, donde se incautó abundante documentación, copias de identidad, nóminas fraudulentas, anotaciones manuscritas relacionadas con la actividad delictiva y dinero en efectivo que provenía presumiblemente de los cobros realizados a las víctimas.
La investigación, que comenzó el año pasado, reveló que los miembros de esta organización captaban a personas extranjeras en busca de obtener o renovar permisos de residencia y trabajo en España. Para ello, ofrecían contratos laborales ficticios y simulaban relaciones laborales inexistentes con el objetivo de presentar documentación aparentemente legal ante las autoridades competentes, solicitando a cambio cantidades que oscilaban entre 4.500 y 10.500 euros.
Los agentes confirmaron que la organización daba de alta a trabajadores en la Seguridad Social sin contar con una actividad empresarial real que justificara dichas contrataciones. Estas prácticas generaron un fraude superior a 100.000 euros, lo que les permitía incluso facilitar la obtención indebida de prestaciones y subsidios públicos.
La red extendió su actividad más allá de Almería, captando ciudadanos en Murcia y varios puntos de las provincias de Albacete, Huelva, Granada y Málaga. La estructura operativa contaba con funciones claramente definidas entre captadores responsables de la gestión documental y asesores especializados encargados de dar apariencia legal a toda la operación.
Se trataba de una activa red criminal interprovincial que facilitó ilegalmente más de un centenar de expedientes para regularizar situaciones administrativas, obteniendo beneficios económicos mediante la explotación de la necesidad de ciudadanos extranjeros deseosos de regularizar su estatus en España.
Por este motivo, se procedió a la detención del captador principal, así como a la investigación sobre los administradores localizados en Santa Cruz de Tenerife y Madrid, además del gestor laboral/contable con despacho profesional en Almería.
La operación fue llevada a cabo por la Unidad Orgánica de Policía Judicial (UOPJ) de la Comandancia de la Guardia Civil en Almería y el Puesto Principal de El Ejido, bajo la dirección del Tribunal de Instancia Sección Civil e Instrucción Plaza nº 5 en El Ejido (Almería).
| Descripción | Cifra |
|---|---|
| Cantidad cobrada por expediente | Entre 4.500 y 10.500 euros |
| Número de casos tramitados | Más de un centenar |
| Fraude total generado | Superior a 100.000 euros |