Las cloacas no solo buscan información. Buscan vulnerabilidades. Y pocas vulnerabilidades pesan tanto en política como las judiciales. En la libreta atribuida a Leire Díez, jueces y fiscales no aparecen como meros nombres de actualidad, sino como piezas de un tablero: Fiscalía General, Anticorrupción, Grinda, Stampa, Badajoz, recusaciones, denuncias, libertad de información, participación pública y estrategias procesales.
Una de las páginas recoge una “Reunión F.G.E.” junto a notas sobre investigación y depósitos fiscales. Otra contiene una anotación casi desnuda: “Denuncia Fiscalía Anticorrupción”. Más adelante aparecen páginas con argumentario jurídico sobre Constitución, derecho de participación, libertad de expresión e información.
“Control de togas”
La agenda refleja que José Manuel Villarejo sirvió de modelo operativo a Díez, que habría accedido a parte de su material y prestado atención sistemática a magistrados, jueces y fiscales del Supremo, la Audiencia Nacional y Anticorrupción.
Las anotaciones incluyen referencias a jueces como Lesmes, Llarena, Pedraz o García-Castellón, y a fiscales como Dolores Delgado, Javier Zaragoza o José Grinda. También menciona el foco sobre Beatriz Biedma, la jueza de Badajoz que imputó al hermano del presidente del Gobierno, David Sánchez.
La libreta contiene además referencias expresas a Grinda y Stampa, dos nombres de alto voltaje en el ámbito fiscal. Anticorrupción quiere esclarecer, entre otros extremos, chats, expedientes y una presunta denuncia falsa contra la jueza que investigaba a David Sánchez.
Este frente judicial tiene una particularidad: mezcla defensa, ataque y relato. Puede haber elementos de legítima estrategia jurídica, como recopilar información, preparar denuncias o estudiar derechos fundamentales. Pero también aparecen señales de una lógica más inquietante: desacreditar fiscales, condicionar causas, fabricar contextos, buscar grietas personales o políticas.
El juez del caso Leire ha acordado diligencias para que la Fiscalía General informe sobre posibles reuniones mencionadas en el sumario, y también se ha pedido información sobre una denuncia vinculada a la jueza que investigaba al hermano de Sánchez. Esa decisión judicial confirma que el frente de las togas no es un simple ruido mediático: es una línea de investigación.
La historia española reciente enseña que las cloacas no necesitan controlar formalmente un tribunal para dañarlo. A veces basta con contaminar el clima, sembrar sospechas, mover información selectiva o convertir cada resolución judicial en una pieza de guerra política.
En principio no sabemos si existió control real de jueces o fiscales, pero aquí hay algo más preciso y quizá más perturbador: la libreta muestra un interés operativo por el mundo judicial, por sus protagonistas y por sus puntos débiles. Y eso, en una democracia, merece luz.