La Guardia Civil ha desarticulado una trama de estafa millonaria en Pontevedra, relacionada con el arrendamiento fraudulento de vehículos industriales, durante la operación “Capitalpo”. Hasta ahora, se han detenido a dos empresarios y un tercero está siendo investigado. La operación ha permitido recuperar una flota de vehículos valorada en más de 1,5 millones de euros. La investigación comenzó tras la interceptación de un vehículo robado y reveló un entramado empresarial que utilizaba contratos falsificados y empresas pantalla para operar ilegalmente. Las diligencias continúan bajo la dirección judicial correspondiente.
La Guardia Civil ha desarticulado una red de fraude masivo en Pontevedra, en el marco de la operación “Capitalpo”, que se dedicaba a estafar mediante contratos de arrendamiento de vehículos industriales. Hasta el momento, dos empresarios han sido arrestados y un tercero está siendo investigado. La operación ha permitido recuperar una flota de vehículos valorada en más de 1.500.000 euros.
La investigación ha revelado un complejo entramado societario que operaba entre Barcelona, Pontevedra y Vigo, utilizando empresas pantalla para adquirir vehículos a través de contratos financieros fraudulentos. Estos contratos eran abandonados en cuanto las cuotas dejaban de pagarse, mientras los vehículos continuaban siendo utilizados por la empresa.
El operativo se inició en octubre del año pasado, cuando una patrulla de Tráfico interceptó en Sanxenxo un vehículo denunciado como robado en Madrid. En los días siguientes, se localizaron otros automóviles con denuncias similares, incluyendo un vehículo de alta gama y varias furgonetas halladas en una nave a las afueras de Pontevedra, asociada a una empresa constructora con sede en Vigo.
Posteriormente, se intervino un camión también reportado como sustraído en Tui. Los investigadores pronto confirmaron que existía una trama fraudulenta bien organizada detrás de estos incidentes.
Durante el primer trimestre de 2026, se localizaron e intervinieron catorce camiones y remolques adicionales entre Pontevedra y Murcia, elevando el valor total recuperado a más de 1,5 millones de euros. La pesquisa destapó contratos presuntamente falsificados, firmas que no coincidían con sus titulares reales y domicilios ficticios.
Las empresas implicadas habían utilizado sociedades sin actividad real para operar al margen de la ley y ocultar el destino verdadero de los vehículos. Además, se encontraron conexiones con casos de quiebra relacionados con varias empresas del sector alimentario.