Alma Ezcurra, vicesecretaria de Coordinación Sectorial del Partido Popular, ha expresado su oposición a la regularización masiva de inmigrantes sin conocer cuántas personas se beneficiarán. En una entrevista en Las Mañanas de RNE, subrayó que el Gobierno menciona cifras entre 500.000 y 1.200.000 solicitantes, lo que considera una "temeridad". Ezcurra argumenta que la regularización debe basarse en criterios individualizados, excluyendo a quienes tienen antecedentes penales y vinculando el proceso al empleo. Además, advirtió sobre el riesgo de promover la irregularidad y el impacto negativo en la seguridad de los inmigrantes. También criticó la forma en que el Gobierno ha manejado la iniciativa legislativa popular relacionada con este tema.
En una reciente entrevista en Las Mañanas de RNE, la vicesecretaria de Coordinación Sectorial del Partido Popular, Alma Ezcurra, expresó su firme oposición a la regularización masiva de inmigrantes. Según Ezcurra, uno de los principales motivos para rechazar esta medida es la falta de claridad sobre cuántas personas se beneficiarán de ella. “Nadie sabe cuántas personas se van a acoger puesto que el gobierno habla de 500.000 personas, la plataforma de regularización de 700.000 y la Comisaría General de Extranjería de 1.200.000 personas”, afirmó.
Ezcurra subrayó que “tomar una medida de este calibre sin saber cuántas personas se van a acoger es una temeridad”. Además, enfatizó que el Partido Popular se opone a las regularizaciones masivas porque considera que estos procesos deben estar regidos por criterios individualizados, excluyendo a quienes tengan antecedentes penales y vinculando la regularización al empleo con requisitos estrictos.
La vicesecretaria advirtió que si no se establecen criterios claros, “el mensaje que le lanzamos al mundo es que la irregularidad tiene premio”, lo cual podría llevar a muchas personas desesperadas a caer en manos de mafias y arriesgar sus vidas en el mar.
Ezcurra insistió en que cualquier proceso migratorio debe incluir vinculación al empleo, exclusión de personas con antecedentes penales y requisitos rigurosos de integración. “No es una cuestión de bondad, es una cuestión de Justicia”, argumentó.