Estados Unidos y la Unión Europea están en negociaciones formales para establecer un marco recíproco de intercambio de datos biométricos, que incluiría escaneos de reconocimiento facial y registros de huellas dactilares. Este acuerdo, que se encuentra en una etapa avanzada, busca ampliar la cooperación existente en materia de seguridad. La propuesta abarca datos biométricos como huellas dactilares e imágenes faciales, con el objetivo de mejorar la prevención e investigación de delitos, incluyendo el terrorismo. Sin embargo, grupos de defensa de la privacidad han expresado preocupaciones sobre el potencial de vigilancia masiva y sus implicaciones para los derechos fundamentales. La negociación podría sentar un precedente importante para futuros acuerdos internacionales sobre el intercambio de datos personales en un contexto de creciente tecnología de vigilancia.
Las autoridades de los Estados Unidos y la Unión Europea se encuentran en negociaciones formales para establecer un acuerdo histórico que permitiría el intercambio recíproco de datos biométricos, incluyendo escaneos de reconocimiento facial y registros de huellas dactilares. Estas conversaciones, que se encuentran en una etapa avanzada, representan una expansión técnica de la cooperación en materia de seguridad existente, según han informado fuentes oficiales.
Aún no se ha publicado un texto final del acuerdo, el cual requerirá la aprobación formal por parte de los estados miembros de la UE y del Parlamento Europeo antes de entrar en vigor.
De acuerdo con un borrador divulgado por la organización no lucrativa Statewatch, el acuerdo propuesto abarcaría huellas dactilares, imágenes faciales y escaneos de iris recolectados por las autoridades policiales. Este marco es considerado por los funcionarios como un medio para mejorar la cooperación existente bajo el Acuerdo de Protección de Datos entre EE. UU. y la UE para fines de aplicación de la ley.
El Consejo de la UE autorizó en diciembre de 2025 las negociaciones para un acuerdo marco a nivel europeo, estableciendo las condiciones legales para las transferencias de datos. Posteriormente, cada estado miembro firmaría sus propios acuerdos operativos con el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de EE. UU., identificando bases de datos específicas y estableciendo términos operativos.
El propósito declarado del acuerdo es asistir en la prevención, detección, investigación y persecución de delitos, incluyendo el terrorismo. El acceso a los datos compartidos sería limitado a autoridades designadas y estaría sujeto a requisitos específicos de registro y auditoría detallados en el acuerdo.
Los datos podrían ser utilizados para emparejamientos biométricos automatizados a través del sistema conocido como IDENT del DHS. Este acuerdo forma parte del programa Mejorado de Seguridad Fronteriza del DHS, que tiene como objetivo expandir el intercambio de información biométrica con socios extranjeros.
El borrador incluye disposiciones para la protección de datos, limitando su retención a un máximo de cinco años. Los individuos tendrían derecho a acceder a sus datos personales y solicitar correcciones ante inexactitudes según las reglas propuestas.
A pesar de estas salvaguardias basadas en estándares establecidos por la Directiva sobre Protección de Datos en Materia Penal de la UE, algunos expertos en privacidad advierten que si los datos biométricos son robados, las personas pueden quedar permanentemente vulnerables, dado que esta información es difícil o incluso imposible de cambiar.
Grupos defensores de la privacidad como Statewatch y la red European Digital Rights han expresado su preocupación por el alcance del intercambio biométrico propuesto. Los críticos argumentan que este acuerdo podría normalizar la vigilancia masiva y sentar un precedente para una mayor expansión de bases de datos biométricas interconectadas.
Expertos legales han cuestionado la proporcionalidad del medida al señalar sus posibles impactos sobre derechos fundamentales relacionados con la privacidad y protección de datos. La expansión estos sistemas ha sido descrita como parte del desarrollo hacia una infraestructura estatal policial emergente donde los aparatos de vigilancia se dirigen contra los ciudadanos.
Las negociaciones entre EE. UU. y la UE representan un paso significativo hacia una integración más profunda en materia de seguridad transatlántica mediante el intercambio de datos biométricos. Aunque los funcionarios presentan este acuerdo como una herramienta necesaria para la aplicación moderna de la ley, su forma final y la solidez protecciones sobre privacidad siguen siendo objeto de debate continuo. El resultado establecerá un precedente crucial para futuros marcos internacionales sobre intercambio de datos en una era caracterizada por tecnologías avanzadas en vigilancia.