El Partido Popular (PP) ha denunciado un "patrón sistemático" de irregularidades en la gestión de Forestalia y el PSOE, durante una Comisión de Investigación. La portavoz del GPP, Rocío Dívar, acusó a administraciones de ambos partidos de llevar a cabo procedimientos manipulados, presiones sobre funcionarios y favores cruzados. Se destaca la falta de respuestas del presidente de Forestalia, Fernando Samper, lo que impide aclarar las sospechas sobre un posible "secuestro" de la administración pública en beneficio de la empresa. La investigación también apunta a irregularidades en la tramitación de proyectos eólicos en Aragón y posibles vínculos con figuras políticas y administrativas clave. Además, se mencionan sociedades vinculadas a intermediarios que complican el seguimiento financiero relacionado con Forestalia.
Durante la Comisión de Investigación por el caso Koldo-Ábalos-PSOE, el presidente de Forestalia, Fernando Samper, fue el centro de atención
La portavoz adjunta del GPP, Rocío Dívar, ha denunciado un “patrón sistemático de procedimientos trucados” en las administraciones aragonesas y en el Ministerio de Transición Ecológica. Según su declaración, estas irregularidades incluyen presiones sobre funcionarios y favores cruzados que comprometen la integridad administrativa.
Dívar subrayó que los métodos utilizados para llevar a cabo estos favores evidencian una planificación meticulosa. “Estamos ante un nivel de sofisticación que demuestra ocultación y continuidad: compraventas de sociedades y operaciones diseñadas para evitar el seguimiento”, afirmó.
La senadora expresó su decepción porque Samper no respondió a las preguntas planteadas, lo que impidió esclarecer muchos aspectos del caso. “No se trata solo de errores o irregularidades, sino de un auténtico secuestro de la Administración pública al servicio de una empresa”, enfatizó.
Dívar también destacó que el caso Forestalia tiene implicaciones políticas significativas, ya que afecta a la tramitación de proyectos renovables durante la gestión del Gobierno de Sánchez. La atención se dirige especialmente hacia el Ministerio para la Transición Ecológica, bajo la dirección de Teresa Ribera entre 2018 y 2024, que aún no ha emitido un pronunciamiento sobre estos graves hechos.
Forestalia ha centrado su expansión en Aragón, especialmente en Teruel, donde se impulsó el Clúster del Maestrazgo. La investigación judicial está examinando si hubo irregularidades en la tramitación de este proyecto y si se beneficiaron responsables políticos y administrativos autonómicos.
Dívar señaló que más de la mitad de los proyectos eólicos en tramitación en Aragón pertenecían a fragmentaciones de Forestalia en diciembre de 2022. “¿No le generó esto ninguna alerta interna sobre la legalidad del procedimiento?”, cuestionó sin obtener respuesta.
La investigación indica que Forestalia recibió un trato administrativo excepcional dentro del INAGA. “Cuando los criterios técnicos estorbaban, se cambiaba al técnico o se alteraba el procedimiento”, explicó Dívar, haciendo referencia al entonces director del INAGA, Jesús Lobera.
Además, advirtió sobre la posibilidad de una “caja negra administrativa” creada para controlar los expedientes fuera de los cauces normales durante el mandato de Ribera como ministra. La senadora también mencionó al subdirector General Eugenio Domínguez, quien supuestamente autoasignaba proyectos a sí mismo desde un sistema paralelo.
Dívar denunció la aparición de sociedades como Caliope y Babieca, así como los hermanos Pérez Águeda, quienes podrían haber actuado como intermediarios dentro del entramado diseñado para dificultar el seguimiento financiero. Preguntó al compareciente sobre la función específica de Caliope en este contexto sin recibir respuesta.
Asimismo, hizo referencia a Eduardo Pérez Águeda y su creación de una filial llamada Next Generation Caliope Innova. Un mes después, esta sociedad fue adquirida mayoritariamente por Antxon Alonso. “¿Cuál era la relación entre Forestalia y Next Generation Caliope Innova?”, inquirió sin obtener respuesta.
Dívar también abordó las dudas sobre una subvención solicitada por Forestalia por valor de 17 millones de euros a SEDIPES. Cuestionó si hubo contacto con Vicente Fernández, expresidente de SEPI, pero no obtuvo respuesta.
Finalmente, planteó interrogantes sobre los vínculos entre Forestalia y la familia Sumelzo. Preguntó por qué comenzaron a transferir proyectos a Forestalia desde 2019 y si tenía sentido empresarial el movimiento inverso documentado entre participaciones del grupo Forestalia y el entorno Sumelzo.