El Grupo Parlamentario Popular ha solicitado a la Mesa del Congreso la anulación de un acuerdo que vetó dos enmiendas sobre la ley de multirreincidencia. La portavoz Ester Muñoz argumenta que esta decisión, adoptada el 24 de marzo de 2026, es arbitraria e inconstitucional, ya que contradice la doctrina del Tribunal Constitucional y limita el derecho de los diputados a ejercer su función legislativa. Las enmiendas, aprobadas por el Senado, buscan reforzar la estructura del Ministerio Fiscal y mejorar la seguridad ciudadana frente a la multirreincidencia. El PP exige que se permita el debate y votación de estas enmiendas en el Pleno del Congreso.
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, a través de su portavoz Ester Muñoz, ha solicitado oficialmente a la Mesa de la Cámara Baja que reconsidere el acuerdo adoptado el 24 de marzo de 2026. Este acuerdo impidió la tramitación de dos enmiendas fundamentales que el Senado había incorporado a la Proposición de Ley Orgánica sobre multirreincidencia.
Las enmiendas, que fueron aprobadas por mayoría absoluta en el Pleno del Senado el 18 de marzo, proponen, por un lado, un refuerzo en la estructura del Ministerio Fiscal y, por otro, la implementación de medidas destinadas a evitar la impunidad y fortalecer la seguridad ciudadana, especialmente en lo referente a la multirreincidencia.
Desde el Partido Popular se considera que la decisión de la Mesa del Congreso al aceptar el veto del Gobierno es “arbitraria, extemporánea e inconstitucional”. Argumentan que esta postura contradice la doctrina reiterada del Tribunal Constitucional y vulnera los procedimientos legislativos establecidos. En este sentido, critican que el Ejecutivo no ha proporcionado una justificación adecuada sobre el impacto presupuestario de las enmiendas, un requisito esencial para ejercer su derecho de veto.
Además, se sostiene que el Gobierno no tiene autoridad para vetar enmiendas ya aprobadas por el Senado. La Mesa del Congreso tampoco puede impedir su debate y votación en el Pleno, ya que esto infringe el principio de separación de poderes y afecta al papel legislativo de las Cámaras.
El Grupo Popular advierte que esta actuación restringe el derecho de los diputados a cumplir plenamente con su función representativa y limita también el derecho de los ciudadanos a participar políticamente, derechos consagrados en la Constitución. Por todo ello, solicitan la anulación del acuerdo adoptado por la Mesa del Congreso y piden que se retroceda en el procedimiento legislativo para permitir que el Pleno debata y vote las enmiendas en su totalidad.