El FBI ha admitido que está comprando datos disponibles comercialmente para rastrear los movimientos y actividades de los estadounidenses, según confirmó el director Kash Patel en una audiencia del Senado. Esta declaración representa un cambio respecto a 2023, cuando el exdirector Christopher Wray afirmó que la agencia había dejado de adquirir dichos datos. La información adquirida incluye registros de ubicación, historial de navegación y transacciones financieras, lo que plantea preocupaciones sobre la posible elusión de requisitos legales establecidos por la Corte Suprema de EE. UU. En respuesta a estas prácticas, legisladores como Ron Wyden y Mike Lee han propuesto un proyecto de ley que exigiría órdenes judiciales para la compra de datos personales de ciudadanos estadounidenses, subrayando los riesgos para la privacidad. Mientras tanto, algunos funcionarios defienden la adquisición de estos datos por razones de seguridad nacional, destacando la creciente tensión entre las prioridades de seguridad y las protecciones de privacidad.
El FBI, bajo la dirección de Kash Patel, ha admitido que está comprando datos disponibles comercialmente para rastrear los movimientos y actividades de las personas. Esta revelación representa un cambio significativo respecto a 2023, cuando el exdirector Christopher Wray afirmó que la agencia había dejado de adquirir dicho tipo de información.
Los datos adquiridos, que provienen de corredores comerciales, pueden incluir información sobre ubicación, historial de navegación y transacciones financieras. Esto ha suscitado preocupaciones sobre si esta práctica elude los requisitos de orden judicial establecidos por la Corte Suprema de EE. UU. en 2018.
Legisladores como Ron Wyden (D-Ore.) y Mike Lee (R-Utah) han presentado un proyecto de ley que exigiría órdenes judiciales para la compra de datos personales de estadounidenses, citando riesgos para la privacidad. La práctica sigue siendo objeto de debate; algunos funcionarios, como Tom Cotton (R-Ark.), defienden su uso por motivos de seguridad, mientras que agencias como la Agencia de Inteligencia de Defensa también confirman el uso similar de estos datos.
Durante una audiencia del Senado sobre amenazas mundiales, Patel aseguró que el uso que hace el FBI de los datos adquiridos cumple con los estándares legales. "Compramos información disponible comercialmente que es consistente con la Constitución y las leyes bajo la Ley de Privacidad de Comunicaciones Electrónicas, lo cual nos ha proporcionado inteligencia valiosa", declaró ante los senadores.
La compra de datos comerciales incluye registros de ubicación, historial de navegación y transacciones financieras a través de corredores privados, lo que permite evitar los requisitos tradicionales para obtener una orden judicial. Esta práctica ha sido objeto de un renovado escrutinio debido a las preocupaciones sobre su capacidad para sortear las salvaguardias legales establecidas por la Corte Suprema.
En 2018, la Corte dictaminó que las agencias del orden deben obtener una orden judicial para acceder a datos de ubicación directamente desde proveedores de telefonía móvil. Sin embargo, los corredores pueden vender legalmente información similar, ofreciendo a las agencias una vía alternativa que no siempre requiere aprobación judicial.
Frente a esta situación, varios legisladores están presionando para cerrar este vacío legal. El 13 de marzo se introdujo el Government Surveillance Reform Act, que obligaría a las agencias federales a obtener una orden antes de adquirir datos personales.
Wyden criticó fuertemente esta práctica durante la audiencia al calificarla como "una flagrante violación del Cuarto Enmienda", advirtiendo además que los avances en inteligencia artificial podrían aumentar los riesgos para la privacidad al permitir el análisis masivo de información personal.
A pesar del rechazo generalizado entre algunos legisladores, otros como Tom Cotton defienden las acciones del FBI argumentando que el acceso a estos datos podría ayudar a rastrear criminales peligrosos y proteger la seguridad pública. Además, James Adams, director de la Agencia de Inteligencia de Defensa, confirmó ante el comité que también ellos adquieren datos disponibles comercialmente.
Este debate pone en relieve las crecientes tensiones entre las prioridades nacionales en materia de seguridad y las protecciones a la privacidad, mientras los legisladores consideran si son necesarias nuevas regulaciones para gobernar el creciente mercado de datos personales.