Ana Alós, portavoz adjunta del GPP, ha instado al Gobierno español a cumplir con la ley y ejecutar las órdenes de expulsión para evitar que España sea el "eslabón débil" en Europa en materia de inmigración. En un debate reciente, destacó que solo se ejecutan siete de cada 100 órdenes de expulsión emitidas, lo que representa un fracaso estructural. Alós criticó la regularización masiva de inmigrantes irregulares promovida por el Gobierno, argumentando que esto socava la seguridad jurídica y perjudica tanto a ciudadanos españoles como a quienes han migrado legalmente. Además, pidió cambios legislativos para facilitar la expulsión de extranjeros condenados por delitos graves y propuso reforzar la cooperación judicial y policial para mejorar los procesos de retorno. La política migratoria de España necesita ser más efectiva y organizada, según Alós.
En el debate en Pleno de la Proposición no de Ley del GPP
La portavoz adjunta del Grupo Parlamentario Popular (GPP) ha denunciado que España apenas ejecuta siete de cada 100 órdenes de expulsión emitidas, a pesar de que entre enero y septiembre de 2025 se notificaron más de 41.000 órdenes. Este hecho, según ella, no es un simple error aislado, sino un fracaso estructural que envía un mensaje alarmante: “en España incumplir la ley sale gratis”.
Asimismo, advirtió que “España no puede ser el país que emite órdenes sin cumplirlas y convierte la irregularidad en una vía para la regularización automática”. En este sentido, subrayó que mientras a los ciudadanos españoles se les exige un certificado negativo de antecedentes penales para acceder a ciertos empleos públicos, aquellos que han entrado o permanecido ilegalmente en el país pueden regularizar su situación con una mera manifestación unilateral.
“¿De verdad creen que eso refuerza la seguridad jurídica? ¿Que eso protege a los españoles y también a los inmigrantes que sí cumplen las normas?”, cuestionó sobre una regularización que considera injusta tanto para los ciudadanos españoles como para quienes han llegado legalmente y han esperado años por trámites burocráticos interminables.
La portavoz del GPP también hizo hincapié en cómo “mientras nuestros socios europeos endurecen sus políticas de retorno, España anuncia papeles para todos”, lo cual podría convertir al país en un “coladero” dentro del espacio Schengen. Esta situación es aprovechada por las mafias, según sus palabras.