En Paraguay, ha surgido una controversia tras las declaraciones de José Duarte Penayo, titular de la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior (ANEAES), quien reivindicó públicamente la dictadura de Alfredo Stroessner, que gobernó el país durante 34 años. Duarte, hijo del exmandatario Nicanor Duarte Frutos, calificó a Stroessner como un "presidente constitucional" y destacó sus contribuciones al desarrollo del país, a pesar de reconocer las violaciones a los derechos humanos durante su régimen. Estas afirmaciones han sido rechazadas por el defensor del Pueblo y otras organizaciones, que condenan cualquier intento de justificar el terrorismo de Estado y exigen la separación del cargo de Duarte. La polémica resalta la tensión en Paraguay sobre el legado de Stroessner y la memoria histórica.
En Paraguay, la controversia ha estallado tras las declaraciones del titular de la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior (ANEAES), José Duarte Penayo. Este funcionario ha reivindicado públicamente la dictadura de Alfredo Stroessner, un régimen que se prolongó durante más de 34 años, desde 1954 hasta 1989.
Duarte Penayo, hijo del exmandatario paraguayo Nicanor Duarte Frutos (2003-2008), afirmó en una entrevista con una emisora local que considera a Stroessner como «un presidente constitucional», según recoge el medio ABC. En sus declaraciones, el funcionario también describió al exdictador como un «presidente que ha modernizado el Paraguay en muchos aspectos», mencionando logros como la creación del primer Código Laboral y la construcción de represas hidroeléctricas cruciales para el país.
A pesar de reconocer las violaciones a los derechos humanos durante ese período, Duarte Penayo argumentó que estos hechos ocurrieron en el «tramo final» del gobierno de Stroessner. Según él, «mató menos que los gobiernos liberales», refiriéndose a eventos históricos previos como las revoluciones de 1912, 1922 y 1923. Para él, «la dictadura de Stroessner fue benigna en materia de muerte».
El defensor del Pueblo, Rafael Ávila, no tardó en responder a estas afirmaciones. A través de un comunicado, expresó su «enérgico repudio» y destacó que «el stronismo no constituye una interpretación histórica debatible, sino un periodo de terrorismo de Estado» ampliamente documentado por la Comisión de Verdad y Justicia (CJV) y condenado por organismos internacionales.
Ávila subrayó que minimizar o justificar estos crímenes representa una afrenta a la memoria de las víctimas y un retroceso para la democracia. Su preocupación se centra en que tales expresiones provengan de un alto funcionario vinculado al sistema educativo, enfatizando que el negacionismo está prohibido por la Constitución Nacional.
Asimismo, el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP) también se pronunció contra las declaraciones del titular de ANEAES. En su comunicado, afirmaron que no hay margen para especulaciones históricas legítimas sobre las prácticas sistemáticas de detenciones arbitrarias, ejecuciones extrajudiciales y torturas perpetradas por el régimen stroessnista.
En este contexto polémico, el Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), junto al gobernante Partido Colorado, ha exigido la «separación del cargo» del funcionario involucrado.