El Grupo Parlamentario Popular (GPP) ha aprobado una iniciativa para abordar la crisis de la vivienda y frenar la ocupación ilegal en España. El diputado Daniel Pérez critica al Gobierno por su inacción ante este problema, acusándolo de priorizar su permanencia en el poder sobre la protección de los propietarios. La propuesta del PP incluye medidas como la derogación de leyes que facilitan la okupación, desalojo inmediato de ocupantes ilegales y protección jurídica para los propietarios. Además, se denuncia que las políticas actuales han empeorado la situación del mercado inmobiliario. La diputada Sol Cruz-Guzmán exige un enfoque consensuado con las comunidades autónomas para resolver esta crisis habitacional. Para más información, visita el enlace a la noticia.
El diputado del Grupo Parlamentario Popular (GPP), Daniel Pérez, ha denunciado que el Gobierno se mantiene en silencio ante el creciente problema de la ocupación ilegal. Según Pérez, este silencio se debe a las exigencias de sus socios políticos y a la falta de voluntad para reconocer una situación que podría poner en riesgo su permanencia en el poder. “Prefieren que los españoles pierdan sus casas antes que Pedro Sánchez pierda el control”, afirmó.
Pérez criticó al Ejecutivo por haber perdido no solo el control sobre la situación, sino también los datos y la vergüenza. Aseguró que “han hecho del delito un negocio y del propietario, la víctima”. En este contexto, presentó cifras alarmantes: actualmente hay 23,000 viviendas ocupadas en venta, las cuales han visto reducida su valoración a la mitad debido a que el Gobierno ha convertido la inseguridad jurídica en una política de Estado.
El GPP propone una respuesta contundente contra la ocupación ilegal mediante la derogación de las leyes que facilitan estas prácticas. Además, busca garantizar el desalojo inmediato de los ocupantes ilegales y proteger a los propietarios mediante un marco legal que asegure la seguridad jurídica. También se plantea combatir a las mafias involucradas en estas actividades y eliminar la suspensión actual de desahucios y lanzamientos.
Pérez destacó que el Partido Popular defiende al ciudadano que “cumple, trabaja y paga su casa”, mientras critica al Gobierno por “justificar al okupa”. Según él, “la España del okupa es la España del desgobierno y del todo vale”.
La diputada Sol Cruz-Guzmán, también del GPP, instó al Gobierno a cesar las imposiciones y prohibiciones hacia los gobiernos autonómicos. Exigió un enfoque más racional y basado en el sentido común para abordar esta problemática.
Cruz-Guzmán advirtió sobre el riesgo de hipotecar el futuro del acceso a la vivienda para los jóvenes en el país. Instó al Ejecutivo a consultar con la ciudadanía sobre si consideran que ha mejorado la situación habitacional en los últimos años y si han tenido oportunidades reales para adquirir una vivienda.
El diputado Pérez argumentó que ni la ley de vivienda impulsada por el Gobierno ni su control sobre los alquileres han proporcionado soluciones efectivas; por el contrario, han agravado las dificultades existentes. “Ya les advertimos que esto provocaría una reducción en la oferta, un aumento de precios y un crecimiento de la economía sumergida”, sostuvo.
Finalmente, Pérez concluyó presentando una propuesta clara: un Plan Estatal basado en el consenso y coordinado con las comunidades autónomas, alejado de ideologías. Resaltó que es fundamental negociar sin imposiciones, ya que intentos previos por forzar ciertas exigencias han sido rechazados por la justicia.