El Grupo Parlamentario Popular (GPP) ha acusado al Gobierno de utilizar la Ley de Atención al Cliente con fines partidistas y objetivos identitarios. En una reciente Comisión de Derechos Sociales y Consumo, el diputado Miguel Ángel Paniagua criticó las modificaciones que obligan a responder a los clientes en su lengua y a formar a los trabajadores en lenguas cooficiales, argumentando que estas enmiendas alteran la naturaleza de la ley, que debería centrarse en beneficiar a los consumidores. Paniagua también denunció anomalías en el proceso legislativo y advirtió sobre la exclusión de las Administraciones Públicas en la aplicación de esta norma. El GPP presentó 58 enmiendas para reforzar los derechos de los consumidores sin imponer cargas excesivas a las empresas.
Durante una reciente sesión en la Comisión de Derechos Sociales y Consumo, el diputado del Grupo Parlamentario Popular (GPP), Miguel Ángel Paniagua, expresó su firme crítica hacia el Gobierno por lo que considera un uso partidista de la legislación. Según Paniagua, “se está utilizando la ideología para legislar” y se están persiguiendo “objetivos que nada tienen que ver con la ley”, sino que responden a intereses políticos de ciertos partidos.
El legislador subrayó que esta normativa debería enfocarse en beneficiar a los consumidores y no en promover un idioma o cumplir con fines identitarios de comunidades autónomas. En este sentido, hizo referencia a modificaciones del texto original que obligan a las empresas a responder en el mismo idioma en que se presentó la queja, sin considerar la autonomía donde se aplique.
Paniagua advirtió que estas “enmiendas lingüísticas” alteran la esencia de la ley, citando también la obligación de capacitar a los trabajadores en lenguas cooficiales, independientemente de su ubicación o del tipo de clientes que atiendan. Este enfoque introduce un componente identitario que complica su implementación y genera inseguridad entre los sectores afectados.
El diputado lamentó que el Ejecutivo opte por promover una norma “absurda e inaplicable” en ciertos contextos, en lugar de buscar un acuerdo con el PP para establecer una legislación que realmente beneficie a los consumidores.
Además, Paniagua denunció “las muchas anomalías” observadas durante las reuniones previas de la Ponencia, donde se presentaron propuestas transaccionales inspiradas en enmiendas del PP sin consultar previamente al proponente. Esta práctica ha sido calificada como contraria al procedimiento parlamentario habitual y ha generado desconcierto entre los asesores legales involucrados.
Asimismo, advirtió sobre el “error mayúsculo” de no incluir a las Administraciones Públicas en la aplicación de esta norma, cuestionando: “¿Cómo pretendemos involucrar a la sociedad si dejamos fuera a las instituciones? ¿Qué imagen y ejemplo les damos?”
Paniagua hizo un llamado a regular con sentido común, especialmente considerando que esta normativa impacta directamente al sector de las pequeñas y medianas empresas (pymes), las cuales enfrentan limitaciones financieras y menor flexibilidad laboral.
Finalmente, destacó las 58 enmiendas presentadas por el GPP al texto legislativo, cuyo objetivo es “reforzar los derechos de los consumidores y usuarios sin imponer cargas excesivas a las empresas”. El diputado concluyó enfatizando su intención de aclarar el articulado y garantizar seguridad jurídica, extendiendo también la protección a los servicios ofrecidos por la Administración Pública.