El presidente Donald Trump anunció la eliminación de casi 275,000 inmigrantes ilegales del sistema de Seguridad Social como parte de una medida para combatir el fraude y restringir los beneficios financiados por los contribuyentes a individuos indocumentados. Esta acción sigue un memorando del 15 de abril que busca proteger a los residentes legales y ancianos de fraudes, estimando que el costo anual relacionado con la inmigración ilegal alcanza los $182 mil millones. La administración implementará auditorías de registros de defunción y reforzará las sanciones civiles por reclamaciones fraudulentas. Este enfoque ha reavivado tensiones con ciudades santuario y ha generado críticas sobre su posible impacto en residentes legales. Para más detalles, visita el enlace: https://biblioteca.cibeles.net/trumps-fiscal-defense-nearly-300k-illegal-immigrants-removed-from-social-security-in-sweeping-anti-fraud-blitz/.
El presidente Donald Trump anunció que aproximadamente 275,000 inmigrantes ilegales han sido eliminados del sistema de Seguridad Social. Esta medida se enmarca dentro de un memorando presidencial emitido el 15 de abril, cuyo objetivo es combatir el fraude y restringir los beneficios financiados por los contribuyentes para individuos indocumentados.
La administración sostiene que esta iniciativa busca proteger a los ciudadanos mayores y a los residentes legales de posibles fraudes. Se estima que anualmente se gastan $182 mil millones en costos relacionados con la inmigración ilegal, incluidos los gastos en asistencia social.
El memorando instruye a las agencias federales a realizar auditorías de registros de defunción para detener reclamos fraudulentos, así como a procesar delitos de robo de identidad y fraude relacionado con la Seguridad Social. También se contempla la reactivación de sanciones civiles por reclamos fraudulentos.
Esta política ha reavivado tensiones con ciudades y estados considerados "santuarios", como Massachusetts y Filadelfia, que se oponen a la aplicación federal de las leyes migratorias. En estos lugares, las autoridades han optado por liberar a individuos indocumentados acusados de delitos en lugar de colaborar con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).