Las autoridades kenianas han intensificado la represión de la información al bloquear Telegram y cerrar las transmisiones en vivo de importantes cadenas de televisión para sofocar las protestas contra el gobierno. La Autoridad de Comunicaciones justificó estas acciones por preocupaciones de "orden público", pero enfrenta desafíos legales por sobrepasar su jurisdicción. Los manifestantes se han trasladado a plataformas de redes sociales, lo que ha generado acusaciones de censura autoritaria. Grupos de derechos civiles y misiones extranjeras han condenado estas medidas como una erosión inconstitucional de los derechos democráticos. La situación ha llevado a un aumento en la resistencia digital, con periodistas ciudadanos utilizando redes sociales para compartir información y documentar los eventos en medio del silencio impuesto por el gobierno.
Las autoridades de Kenia han intensificado sus esfuerzos para reprimir las protestas en contra del gobierno, bloqueando el acceso a la aplicación Telegram y suspendiendo las transmisiones en vivo de importantes cadenas de televisión. La Autoridad de Comunicaciones justificó estas acciones bajo la premisa de mantener el «orden público», aunque se enfrenta a desafíos legales por supuesta sobrepaso de su jurisdicción.
Los manifestantes han recurrido a plataformas de redes sociales para continuar con sus movilizaciones, lo que ha generado acusaciones de censura autoritaria. Organizaciones de la sociedad civil y misiones extranjeras han condenado estas medidas como una erosión inconstitucional de los derechos democráticos. Además, grupos mediáticos han amenazado con presentar litigios históricos para impugnar las tácticas de censura digital del gobierno.
Esta semana, el gobierno keniano tomó medidas drásticas al cerrar abruptamente los principales canales de televisión, como KTN News, NTV y Citizen TV, además de bloquear el acceso a Telegram, una herramienta clave para la organización de protestas. Estas acciones se produjeron tras meses de agitación en torno a un controvertido proyecto de ley financiero que, según críticos, agrava la pobreza y la corrupción.
Al silenciar los medios tradicionales y digitales durante el primer aniversario de violentas manifestaciones contra este proyecto, las autoridades buscaban sofocar la crítica; sin embargo, esta represión ha profundizado las divisiones constitucionales y políticas en el país. Grupos de derechos civiles, expertos legales y la comunidad internacional han denunciado estas acciones como violaciones evidentes a las libertades de expresión y reunión.
Las acciones de la Autoridad de Comunicaciones han suscitado disputas inmediatas sobre su autoridad legal. Observadores han señalado que es el Consejo de Medios de Kenia quien tiene el mandato constitucional para regular el contenido transmitido, una aclaración respaldada por recientes fallos del Tribunal Superior.
“La CA no tiene poder para dictar narrativas mediáticas”, argumentó un abogado constitucionalista, añadiendo que la directiva “denota un exceso ejecutivo disfrazado como acción regulatoria”. Organizaciones mediáticas, incluyendo la Sociedad Independiente de Medios Silvestres de Kenia, han prometido impugnar estas órdenes en los tribunales.
A pesar del silencio impuesto a las redes alineadas con el estado, periodistas ciudadanos y usuarios de redes sociales han logrado llenar el vacío informativo. Plataformas como TikTok, X (anteriormente Twitter) y Facebook se han convertido en salvavidas para los manifestantes que comparten imágenes de enfrentamientos, barricadas policiales y arrestos.
En Nairobi, multitudes desafiaron las órdenes de toque de queda encendiendo fogatas en la carretera Nakuru y enfrentándose al gas lacrimógeno. Para mediodía, el Hospital Nacional Kenyatta reportaba más de una docena de heridos. Los manifestantes coreaban: “¡Cierre la CA! ¡Liberen nuestras plataformas!”
Organismos globales han condenado enérgicamente esta represión. Freedom House calificó las acciones en Kenia como un “retroceso hacia un control autoritario sobre la información”, mientras que el Departamento de Estado estadounidense exigió una reversión inmediata a las prohibiciones sobre transmisiones.
A nivel local, el Ministerio de Información y Gobierno Digital presentó estas medidas como “protecciones temporales contra incitaciones”, narrativa rechazada por activistas. “Las acciones del gobierno son parte de un patrón que criminaliza la disidencia y socava el espíritu democrático fundacional de Kenia”, señala un comunicado emitido por Human Rights Watch.
A medida que se intensifica esta guerra informativa en Kenia, aumentan los riesgos para la libertad de prensa y las libertades civiles. Los cierres han expuesto vulnerabilidades en instituciones diseñadas para proteger la democracia; sin embargo, también resaltan la resiliencia del compromiso cívico en la era digital. Ya sea a través batallas judiciales o videos virales en redes sociales, recuperar el acceso a la información se ha vuelto central para la identidad nacional. Por ahora, persiste la amenaza del poder estatal descontrolado—una prueba fehaciente que demuestra que en un mundo donde predominan la cifrado y las transmisiones en vivo, controlar autoritariamente no es tan sencillo como presionar un botón.