El gobernador de Texas, Greg Abbott, firmó recientemente una serie de leyes pro-armas que refuerzan los derechos del Segundo Enmienda en el estado. Estas nuevas regulaciones incluyen la prohibición de hacer cumplir órdenes de bandera roja emitidas por otros estados, la eliminación de programas de recompra de armas financiados con fondos públicos y la legalización de rifles de cañón corto. Además, se protege la privacidad de los padres adoptivos al no requerirles que divulguen la propiedad de armas a las agencias estatales. Las leyes han sido bien recibidas por grupos defensores del derecho a portar armas, mientras que los defensores del control de armas las critican como un retroceso en los esfuerzos por mejorar la seguridad pública. Con estas medidas, Texas reafirma su compromiso con la libertad individual y los derechos constitucionales, enviando un mensaje claro sobre la defensa del derecho a la autodefensa.
El gobernador de Texas, Greg Abbott, ha promulgado una serie de leyes que favorecen el derecho a portar armas, consolidando así la posición del estado como un referente nacional en la defensa de la Segunda Enmienda. Este paquete legislativo, firmado antes de la fecha límite para veto en junio, incluye medidas que prohíben la aplicación de órdenes de protección por riesgo extremo emitidas por otros estados y eliminan los programas de recompra de armas financiados con fondos públicos.
Entre las novedades más destacadas se encuentra la legalización de los rifles de cañón corto bajo la legislación texana, alineándose con las regulaciones federales y ampliando las libertades relacionadas con las armas. Además, se establece que los padres adoptivos no están obligados a revelar la propiedad de armas a las agencias estatales, lo que protege sus derechos a la privacidad.
La nueva legislación también contempla el reconocimiento de todos los permisos para portar armas emitidos en otros estados, eliminando así la necesidad de acuerdos individuales de reciprocidad. Grupos defensores del derecho a portar armas han celebrado estas leyes, mientras que los defensores del control de armas las consideran un retroceso en los esfuerzos por garantizar la seguridad pública.
La Asociación Nacional del Rifle (NRA) elogió estas iniciativas, subrayando el compromiso del gobernador Abbott con la Segunda Enmienda. Por su parte, Texas Gun Sense calificó la prohibición de las leyes de bandera roja como un "doloroso retroceso" en la lucha contra la violencia armada. Esta divergencia refleja una creciente división nacional sobre las regulaciones relacionadas con las armas, con Texas reafirmando su postura en favor de los derechos individuales y la soberanía estatal.
Una de las leyes más polémicas es el Proyecto de Ley 1362 del Senado, que impide a los funcionarios texanos hacer cumplir órdenes emitidas por otras jurisdicciones o autoridades federales que buscan confiscar temporalmente armas a personas consideradas peligrosas. Los críticos argumentan que estas disposiciones violan el debido proceso al permitir acciones sin la presencia del propietario del arma en el tribunal.
El Firearms Policy Coalition ha señalado que este tipo de leyes estigmatizan problemas relacionados con la salud mental y desincentivan a las personas a buscar ayuda. Sin embargo, quienes apoyan estas ordenanzas sostienen que son herramientas necesarias para prevenir tragedias. Investigaciones indican que por cada 17 a 23 órdenes emitidas se previene un suicidio, argumentando que permiten intervenciones antes de que ocurran actos violentos.
Otra medida clave es el Proyecto de Ley 3053, que prohíbe a los gobiernos locales utilizar fondos públicos para programas de recompra de armas. El representante estatal Wes Virdell, autor del proyecto, desestimó estos programas como innecesarios. “Si tiene un arma que no desea, puede ir fácilmente a una tienda local”, afirmó.
Asimismo, el Proyecto de Ley 1596 elimina restricciones estatales sobre rifles y escopetas cortos, permitiendo su uso conforme a las regulaciones federales vigentes. Los defensores del Segundo Enmienda celebraron esta decisión como un avance hacia la eliminación de restricciones consideradas innecesarias.
El paquete legislativo también incluye el Proyecto de Ley 1403, que protege a los padres adoptivos al no exigirles revelar detalles sobre su propiedad armamentista ante agencias estatales. Adicionalmente, el Proyecto de Ley 706 garantiza el reconocimiento universal de licencias para portar armas emitidas en otros estados.
A medida que estas leyes entran en vigor el 1° de septiembre de 2025, Texas envía un mensaje claro: el derecho a portar armas es innegociable. Al rechazar las leyes restrictivas y expandir las libertades relacionadas con las armas, el gobernador Abbott y la Legislatura texana han reafirmado su compromiso con los derechos constitucionales y la libertad individual. Mientras tanto, los defensores del control armamentista prometen continuar su lucha ante este panorama legislativo transformador.