El ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, ha instado a los consejeros de Consumo de las Comunidades Autónomas a sancionar a las empresas detrás de los pisos turísticos ilegales. Durante la 32ª Conferencia Sectorial de Consumo, Bustinduy destacó la importancia de proteger el derecho a la vivienda y recordó acciones recientes del Ministerio, como la solicitud a Airbnb para bloquear más de 65,000 anuncios irregulares. También se proporcionó información sobre anuncios ilegales en Galicia y Baleares para facilitar inspecciones y sanciones. Bustinduy enfatizó que los gobiernos autonómicos deben actuar contra prácticas abusivas en el alquiler de viviendas.
En un reciente encuentro, el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 llevó a cabo la 32ª Conferencia Sectorial de Consumo, presidida por el ministro Pablo Bustinduy. Este evento reunió a los consejeros y consejeras de Consumo de diversas Comunidades Autónomas, quienes discutieron la necesidad urgente de actuar contra las empresas responsables de la promoción ilegal de viviendas turísticas en sus respectivas regiones.
Bustinduy enfatizó que el acceso a la vivienda es una de las principales preocupaciones para la población española. En este sentido, instó a los gobiernos autonómicos a utilizar sus competencias en materia de consumo para salvaguardar el derecho constitucional a la vivienda. El ministro subrayó que estas acciones son fundamentales para abordar la crisis habitacional que afecta a muchas familias.
Durante su intervención, Bustinduy destacó las acciones recientes emprendidas por su ministerio, como la solicitud realizada hace dos semanas a la plataforma Airbnb para que eliminara más de 65,000 anuncios de alojamientos turísticos que no cumplían con la normativa vigente. Esta medida se centró en aquellos anuncios que carecían de un número de licencia adecuado o presentaban información incorrecta sobre los arrendadores.
Además, el ministro recordó que se abrió un expediente sancionador contra una empresa dedicada al alquiler turístico por no retirar publicidad ilícita detectada en su plataforma. A través de esta acción, se busca garantizar que los consumidores tengan acceso a información veraz y legal sobre las opciones de alojamiento disponibles.
El Ministerio también ha proporcionado información detallada a diferentes gobiernos regionales sobre anuncios ilegales detectados en sus territorios. Recientemente, se entregó un archivo al Gobierno de la Xunta de Galicia con datos sobre más de 9,000 pisos turísticos identificados en esa región. Este esfuerzo tiene como objetivo facilitar inspecciones y posibles cierres y sanciones correspondientes.
Asimismo, se compartió un archivo similar con el Govern de Islas Baleares, que contenía más de 7,000 anuncios ilegales. Bustinduy recordó que los gobiernos autonómicos tienen la autoridad necesaria para actuar contra estos alojamientos ilegales y para exigir la retirada inmediata de su publicidad.
El ministro también hizo hincapié en la importancia de proteger a los consumidores frente a prácticas abusivas por parte de empresas dedicadas al alquiler inmobiliario. En este contexto, mencionó una investigación llevada a cabo por la Dirección General de Consumo que resultó en la apertura de un expediente sancionador contra una importante agencia inmobiliaria nacional acusada de imponer comisiones indebidas y servicios no solicitados a inquilinos.
Bustinduy aseguró que desde su ministerio continúan investigando otras inmobiliarias que podrían estar incurriendo en prácticas similares. La Conferencia Sectorial contó con la participación activa de consejeros y consejeras de Consumo; sin embargo, algunos representantes regionales no asistieron al evento.
| Cifra | Descripción |
|---|---|
| 65,000 | Anuncios bloqueados en Airbnb por incumplimiento normativo |
| 9,000 | Pisos turísticos detectados en Galicia para inspección |
| 7,000 | Anuncios ilegales de pisos turísticos en Islas Baleares |
Pablo Bustinduy ha emplazado a los consejeros y consejeras de Consumo a sancionar a las empresas detrás de los pisos turísticos ilegales y ha recordado que tienen competencias para actuar contra la publicidad ilícita de estos alojamientos.
El problema principal es la preocupación por la vivienda en España, y cómo las competencias de Consumo pueden utilizarse para proteger el derecho constitucional a la vivienda.
El Ministerio instó a Airbnb a bloquear más de 65.000 anuncios de alojamientos turísticos que incumplen la normativa en materia de Consumo.
Se ha ofrecido información detallada sobre anuncios ilegales detectados en sus territorios, incluyendo archivos con datos sobre miles de pisos turísticos ilegales.
Se están investigando prácticas abusivas como obligar a pagar comisiones por gestión del arrendamiento, imponer seguros o contratar servicios no solicitados.
Participaron los consejeros y consejeras de Consumo de varias Comunidades Autónomas, excepto algunos representantes que no asistieron, así como las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla.