La Junta de Andalucía ha aprobado la nueva estructura de la Oficina Judicial, que entrará en vigor el 1 de julio, según lo establecido por la Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia. Este diseño busca modernizar y agilizar el sistema judicial en la región, creando un modelo organizativo que incluye tribunales colegiados y servicios comunes de tramitación. La implementación inicial afectará a 70 de los 85 partidos judiciales andaluces, con la creación de 86 nuevas plazas de funcionarios y una inversión anual superior a 4 millones de euros. El consejero de Justicia ha destacado el esfuerzo económico y técnico que implica esta reforma, que deberá estar completamente operativa antes de finalizar 2025. Para más información, consulta el BOJA.
El Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) ha dado a conocer hoy la orden emitida por la Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública, que establece el diseño y estructura de la nueva Oficina Judicial. Esta oficina estará destinada a respaldar a los Tribunales Colegiados, los Tribunales de Instancia y a la Secretaría de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. Este nuevo modelo ha sido resultado de un consenso alcanzado en la Mesa Sectorial con las organizaciones sindicales.
Este avance representa un hito importante en la implementación del nuevo modelo organizativo para la Justicia en Andalucía, conforme a lo estipulado por la Ley Orgánica 1/2025 sobre Eficiencia del Servicio Público de Justicia. La estructura busca lograr una Justicia más ágil, moderna y eficaz, mediante una organización racionalizada de los recursos humanos y materiales.
La orden, que se puede consultar en este enlace, regula minuciosamente la composición, funciones y ámbito de aplicación de las oficinas judiciales. Establece diferentes modelos organizativos adaptados a las dimensiones y necesidades específicas de cada partido judicial. Las actividades dentro de la oficina judicial se llevarán a cabo a través de servicios comunes, donde cada oficina contará con un servicio común de tramitación, complementado por otros como el común general y el de ejecución, según las características del partido judicial correspondiente.
Además, este diseño contempla la creación de equipos y áreas especializadas dentro de los servicios comunes, que incluirán diversos puestos directivos. También se prevé una mejora en la coordinación con oficinas fiscales, municipales de justicia y otros servicios dedicados a la mediación y atención al ciudadano.
La orden entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el BOJA; sin embargo, su aplicación efectiva se realizará conforme se vayan constituyendo las nuevas oficinas en cada tribunal. En este sentido, se especifican las funciones asignadas a cada servicio común, el modelo que se implementará en cada partido judicial y su organización según su tipología.
La primera fase de esta ley establece que el nuevo modelo del tribunal de instancia deberá estar operativo el próximo 1 de julio en 70 de los 85 partidos judiciales andaluces. Tanto para esta fase inicial como para una segunda fase que incluye tres partidos judiciales (Torremolinos, Marbella y Fuengirola), cuya adaptación debe completarse antes del 31 de octubre, ya se han llevado a cabo negociaciones con los sindicatos.
La implementación de estas dos primeras fases implicará la creación de 86 nuevas plazas para funcionarios, distribuidas entre 63 nuevos puestos y 23 consolidaciones. Además, se establecerán 58 puestos directivos adicionales que actualmente no existen. Esta expansión requerirá una inversión anual superior a los 4 millones de euros.
Los restantes partidos judiciales, especialmente los 12 más grandes donde están ubicadas las ocho capitales andaluzas, deberán adaptarse antes del 31 de diciembre del presente año. Así pues, el modelo del tribunal de instancia debe estar completamente implementado en toda Andalucía antes del cierre del año 2025.
El consejero de Justicia, José Antonio Nieto, ha subrayado el “importante esfuerzo” que representa para Andalucía la adopción del nuevo modelo tanto desde un punto económico como técnico. Según Nieto, esta Ley nacional “no ha contado con financiación por parte del Gobierno”, lo que ha obligado a comunidades con competencias transferidas como Andalucía a asumir todo el coste. Cabe destacar que la reforma introducida en 2003 solo fue aplicada parcialmente por gobiernos anteriores en localidades como El Ejido (Almería) y Vélez-Málaga, lo cual ha complicado esta transición hacia el nuevo sistema.
| Cifra | Descripción |
|---|---|
| 70 | Número de partidos judiciales donde el nuevo modelo debe entrar en funcionamiento el 1 de julio. |
| 3 | Número de partidos judiciales que se adaptarán para el 31 de octubre. |
| 86 | Número de nuevas plazas de funcionarios creadas (63 nuevas y 23 consolidaciones). |
| 58 | Número de puestos de jefatura que ahora no existen y que serán creados. |
| 4 millones de euros | Inversión anual que supera esta cifra para la implementación del nuevo modelo. |
La Junta de Andalucía ha aprobado la estructura de la nueva Oficina Judicial que dará soporte a los Tribunales Colegiados, Tribunales de Instancia y a la Secretaría de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.
La orden entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el BOJA, aunque su aplicación efectiva se realizará conforme se constituyan las nuevas oficinas en cada tribunal.
En la primera fase, el nuevo modelo deberá entrar en funcionamiento el próximo 1 de julio en 70 de los 85 partidos judiciales de Andalucía. La segunda fase incluye la adaptación de tres partidos judiciales para el 31 de octubre.
La implementación del nuevo modelo supone la creación de 86 nuevas plazas de funcionarios y 58 puestos de jefatura, además de una inversión anual que supera los 4 millones de euros.
El modelo deberá quedar completamente implantado en toda Andalucía antes de que finalice 2025.
El consejero de Justicia ha destacado que la implantación del nuevo modelo supone un importante esfuerzo económico y técnico, ya que no ha estado acompañada de financiación por parte del Gobierno nacional.