El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha ordenado a Airbnb el bloqueo de más de 65.000 anuncios ilegales de pisos turísticos en su plataforma. Esta medida se debe a que los anuncios infringen normativas autonómicas al no incluir información obligatoria como el número de licencia o la naturaleza jurídica de los arrendadores. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha respaldado esta acción, instando a la empresa a retirar 5.800 anuncios inmediatamente. El ministro Pablo Bustinduy ha reafirmado el compromiso del Gobierno para regular el sector y proteger los derechos de los consumidores. Para más detalles, visita el enlace.
La Dirección General de Consumo, dependiente del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, ha ordenado a la plataforma Airbnb el bloqueo de más de 65.000 anuncios ilegales de viviendas turísticas. Esta medida se lleva a cabo tras la identificación de estos anuncios como infracciones a la normativa vigente en diversas comunidades autónomas.
El ministro Pablo Bustinduy ha señalado que se han detectado un total de 65.935 anuncios que contravienen las regulaciones sobre la publicidad de alojamientos turísticos. Estos anuncios corresponden exclusivamente a viviendas completas y no incluyen habitaciones individuales. En los últimos meses, el ministerio ha enviado hasta tres resoluciones a Airbnb instando a la eliminación de esta publicidad ilícita.
A pesar de las solicitudes del Ministerio, Airbnb intentó recurrir ante la justicia para evitar el bloqueo de dichos anuncios. Sin embargo, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha respaldado las acciones del Ministerio al emitir un auto que exige a la compañía retirar 5.800 anuncios de inmediato.
Desde la Dirección General de Consumo se han presentado tres motivos que justifican la ilegalidad de los anuncios en cuestión:
Los anuncios afectados por esta resolución pertenecen a varias comunidades autónomas, incluyendo Andalucía, Comunidad de Madrid, Cataluña, Comunidad Valenciana, Islas Baleares y Euskadi. El ministro Bustinduy ha expresado su intención de colaborar con las administraciones públicas para regularizar el sector y proteger los derechos de los consumidores.
En este sentido, el ministerio está implementando diversas acciones complementarias junto con otras autoridades para abordar el problema del descontrol en alojamientos turísticos y facilitar el acceso a la vivienda. Además, se está recopilando información mediante la Unidad de Análisis de Consumo para apoyar estas iniciativas.
No obstante, es importante destacar que la Dirección General de Consumo ya había abierto un expediente sancionador contra una plataforma similar por incumplimientos relacionados con la publicidad del número de licencia. Asimismo, se han iniciado otros expedientes contra grandes gestoras por no indicar correctamente la naturaleza jurídica del arrendador.
A medida que avanza este proceso regulatorio, el compromiso del ministerio con esta causa se mantiene firme para erradicar prácticas ilegales en el sector turístico y garantizar una mayor protección para los consumidores.
El Ministerio de Consumo ha impuesto a Airbnb el bloqueo de más de 65.000 anuncios ilegales de viviendas turísticas en su plataforma, considerándolos ilícitos por contravenir la normativa sobre la publicidad de este tipo de alojamientos.
Las razones incluyen: la falta del número de licencia o registro en los anuncios, la ausencia de información sobre la naturaleza jurídica de los arrendadores (si son profesionales o particulares), y el uso de números de licencia que no corresponden a los expedidos por las autoridades.
Los anuncios bloqueados afectan a comunidades como Andalucía, Comunidad de Madrid, Cataluña, Comunidad Valenciana, Islas Baleares y Euskadi.
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha respaldado las acciones del Ministerio y ha instado a Airbnb a retirar 5.800 anuncios de pisos turísticos inmediatamente.
El ministro busca colaborar con administraciones públicas para controlar la ilegalidad en alojamientos turísticos y proteger los derechos de los consumidores, además de favorecer el acceso a la vivienda.