El expresidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, ha ganado las elecciones locales en su ciudad natal de Davao mientras se encuentra encarcelado en La Haya, tras ser acusado de crímenes contra la humanidad por la Corte Penal Internacional. A pesar de su detención, los resultados preliminares indican que obtuvo la mayoría electoral. Su hija, la vicepresidenta Sara Duterte, está en conversaciones sobre cómo podría asumir el cargo desde su arresto. Esta situación ha generado un intenso debate sobre la legitimidad del proceso electoral y las implicaciones legales de su victoria.
El expresidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, ha logrado una sorprendente victoria en las elecciones locales de su ciudad natal, a pesar de encontrarse actualmente bajo custodia de la Corte Penal Internacional (CPI) en La Haya, Países Bajos. Esta situación se debe a las acusaciones en su contra por crímenes contra la humanidad, según informan diversos medios locales.
De acuerdo con los resultados preliminares, Duterte obtuvo la mayoría de los votos en Davao, donde previamente se desempeñó como alcalde durante dos décadas antes de asumir la presidencia del país en 2016.
La vicepresidenta Sara Duterte, hija del expresidente, ha indicado que está en conversaciones con los abogados de su padre para determinar cómo podría asumir el cargo mientras continúa su detención. Este hecho plantea interrogantes sobre la viabilidad de su gestión desde el extranjero.
Duterte fue arrestado en marzo de 2025 en el aeropuerto internacional de Manila tras la emisión de una orden por parte de la CPI, que lo acusa de crímenes de lesa humanidad relacionados con su polémica guerra contra las drogas.
Durante esta guerra, se registraron más de 5.000 ejecuciones oficiales, lo que generó fuertes críticas por parte de organizaciones defensoras de derechos humanos a nivel global. Se argumenta que estas acciones fomentaron los asesinatos extrajudiciales.
A pesar de estas acusaciones y del contexto legal adverso, Manila había formalizado el corte de sus relaciones con la CPI el 17 de marzo de 2019, bajo órdenes directas del propio Duterte.