OPINIÓN

Pucherazo sin puchero

(Foto: Cibeles AI).
Jorge Molina Sanz | Miércoles 18 de noviembre de 2026
La Ley de Nietos concita sospechas electorales y refleja el deterioro democrático

Con el café, el viejo marino comenta:

—En el medio siglo de democracia, se ha discutido sobre los gobiernos, del sistema electoral, pero nunca se había cuestionado los resultados, pero ahora se habla de manipulación del censo con la llamada Ley de Nietos, el voto por correo o del DNI digital.

Se vive en la polarización con trincheras, bloques y desinformación lo que obliga a encuarentenar muchos comentarios, seudo noticias y mensajes. Acusar de fraude es grave y se necesitan pruebas, aunque también se precisan tribunales ágiles, menos condicionados, politizados y subordinados al poder.

Lo realmente preocupante —a diferencia de antaño— es que la desconfianza sobre la limpieza electoral esté encima de la mesa, algo que no había sucedido —salvo limitadas excepciones— en toda nuestra democracia.

La joven profesora interviene:

—La conflictiva Ley 20/2022 de Memoria Democrática, en su Adicional Octava —conocida como Ley de Nietos— permite adquirir la nacionalidad española a «determinados» descendientes de exiliados y otros supuestos de reparación histórica.

Seis días después, una instrucción de Sofía Puente, hermana del tuitero Oscar Puente —que casualidad—, amplía unilateralmente, al margen de lo aprobado, que permite acceder a la nacionalidad sin acreditar necesariamente el exilio.

El Tribunal Supremo suspende cautelarmente el voto de 163.355 nacionalizados por esa vía, de los que solo 901 cumplían los requisitos, pero permiten votar a sus hijos, unos 190.000, que obtuvieron la nacionalidad por descender de los primeros.

¿Cómo se explica que el padre tenga suspendido el voto y el hijo pueda ejercerlo? Es el colmo de la incongruencias de sus señorías.

Otra coincidencia sospechosa, es sobre el voto por correo —que surge a partir de las últimas elecciones—. En 2022, se elimina el voto rogado para los residentes en el extranjero. Desde entonces, se recibe la documentación electoral y se puede votar por correo acreditando la identidad con una simple fotocopia del DNI o pasaporte, sin comparecer personalmente.

Facilitar la participación parece legítimo, pero sin identificación presencial abre dudas sobre la seguridad y custodia de cientos de miles de votos, máxime cuando se filtra como la de Lorena Suárez —entonces secretaria general del PSOE en Argentina— solicitando fotocopias de pasaportes para organizar la recogida de votos e incluso menciona el de «tu tía, la que se murió».

Esto suscita muchas preguntas:

¿Quién garantiza que vota el titular y que nadie lo suplanta? ¿Quién garantiza que el voto llega sin manipulaciones? ¿Qué hace políticos buscando documentación de fallecidos? ¿Son casos aislados o consigna política?

En este «puchero» hay más ingredientes que tienen consecuencias, porque si esos sufragios se van a circunscripciones provinciales donde unos pocos cientos deciden el último escaño, es fácil dar un vuelco electoral.

¿Quién determina la circunscripción?

Irónicamente el marino comenta:

—Aunque quizás nos quedamos cortos con los nietos. Retrocedamos a 1809, cuando comienzan los movimientos independentistas. Con un criterio genealógico generoso —siendo creativos—, se pueden incorporar a 440 millones de habitantes de los 18 países hispanoamericanos, más 118 millones de filipinos y 1,8 millones de estadounidenses de origen español. Si añadimos nuestros casi 50 millones obtenemos unos 610 millones de españoles.

¡Tercera potencia mundial por población! Todo esto sin mover una ceja ¿Verdad Zapatero?

Esta exageración esperpéntica, evidencia hasta dónde puede llegar este disparate, cuando una reparación histórica —ya realizada con la Ley 46/1977— se convierte en una manipulación política.

La profesora añade:

—En serio, si se pretende, por la Memoria Democrática, alargar el censo, mucho más justo sería permitir que los 180.000 vascos —según el CEU-CEFAS— que huyeron por las amenazas de ETA y perdieron su arraigo y la posibilidad de participar en las decisiones de su CCAA.

Tanta sensibilidad hacia los descendientes del exilio de hace noventa años, pero ninguna para las víctimas del terrorismo, con un Bildu sosteniendo al Gobierno.

 Otra cuestión es ¿Quién debería poder votar?

Se puede sofisticar jurídicamente cuanto se quiera, pero haciendo una sencilla ecuación se puede afirmar que, el derecho al voto se debería vincular al domicilio fiscal.

Quien reside fiscalmente en España debe poder votar, tenga ingresos o esté exento de tributar, pero si lleva 25 años —por ejemplo— domiciliado fiscalmente en otro país y desvinculado de nuestra realidad económica y social, hasta qué punto es normal que decida quien gobierna, como ocurre en Dinamarca, Irlanda, Reino Unido o Alemania

Simplifiquemos, si Félix Bolaños, ministro de Justicia determina quién adquiere la nacionalidad española y Arcadi España ministro de Hacienda acredita la residencia fiscal, no se necesitan interpretaciones genealógicas, sino establecer con claridad quién tiene derecho a participar en nuestras decisiones políticas.

El marino en tono burlón sentencia:

—Puestos a ser creativos, si un argentino con nacionalidad española puede votar en las generales en los dos países ¿Por qué no puedo votar en Andalucía y Cataluña?

Si votan, aunque no tengan domicilio fiscal en España, me pido como David Sánchez tener residencia portuguesa.

¡Viva el esperpento, sigamos con las mamarrachadas!

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