Un Gobierno puede controlar el Consejo de ministros, colocar a sus fieles en las empresas públicas, utilizar políticamente la Abogacía del Estado, nombrar a la cúpula de la Fiscalía y ascender a mandos policiales de su confianza.
Puede incluso llegar a confundir el Estado con el partido y el partido con la voluntad de una sola persona.
Pero hay algo que ningún Gobierno debería olvidar: el Estado es mucho más grande que el Gobierno.
Los gobiernos pasan. El Estado permanece.
Y dentro de ese Estado existen jueces, fiscales, abogados, policías, guardias civiles y funcionarios que no han construido toda una carrera profesional para terminar convertidos en criados del poder político.
Personas que no aceptan llamadas. Que no obedecen consignas. Que no esperan una medalla, un ascenso ni un despacho a cambio de mirar hacia otro lado.
En determinados ambientes se les conoce como Los Templarios.
Quizá no sea una organización formal. Quizá no tengan estatutos, sede, carnés ni una estructura reconocible. Pero representan algo mucho más importante: una resistencia silenciosa formada por servidores públicos que todavía creen que la ley está por encima del Gobierno de turno.
Y en estos días estamos contemplando los resultados de esa resistencia.
Primero llegó la sentencia del llamado caso Mascarillas.
El Tribunal Supremo condenó a José Luis Ábalos a más de 24 años de prisión y a Koldo García a más de 19. Víctor de Aldama recibió una pena considerablemente inferior, de cuatro años y medio, gracias a su colaboración con la Justicia y bajo determinadas condiciones que evitan su entrada inmediata en prisión.
El mensaje resulta difícil de ignorar.
Quien participa en una trama de corrupción será castigado. Pero quien decida romper el silencio, entregar información, explicar el funcionamiento de la organización y ayudar a descubrir la verdad puede recibir un tratamiento penal más favorable.
Eso es lo que algunos juristas denominan justicia premial.
No significa perdonar al delincuente. Significa ofrecerle una salida para que permita llegar hasta quienes dirigían, protegían o se beneficiaban de la trama.
Y ese precedente puede tener consecuencias enormes.
Porque el mayor enemigo de cualquier trama no es la oposición política. Tampoco son los editoriales de los periódicos ni las preguntas incómodas de los periodistas.
El mayor enemigo de una trama es siempre uno de los suyos cuando decide hablar.
El corrupto que descubre que puede reducir su condena colaborando se convierte inmediatamente en un peligro para todos los demás.
Empieza a recordar reuniones.
Empieza a encontrar mensajes.
Empieza a explicar quién daba las órdenes, quién cobraba, quién protegía y quién conseguía que determinados expedientes desaparecieran o se retrasaran.
Por eso la sentencia del caso Mascarillas no afecta solamente a Ábalos, Koldo o Aldama. Es una advertencia para todas las personas que puedan estar implicadas en otras investigaciones: el silencio ya no es necesariamente la mejor estrategia.
Y apenas unas semanas después ha llegado otro golpe.
La Audiencia Provincial de Badajoz ha condenado a David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, a nueve años de inhabilitación por prevaricación administrativa. Miguel Ángel Gallardo, expresidente de la Diputación de Badajoz, ha sido condenado a dieciocho años por dos delitos de prevaricación. Otros nueve altos cargos han recibido también condenas. Conviene recordar que la fiscalía, que depende directamente del Gobierno que lo nombra, pedía la absolución. No veía delito alguno. Por eso, Los Templarios han actuado.
La sentencia considera probado que se creó en la Diputación un puesto público innecesario y diseñado para beneficiar a David Sánchez.
Porque el enchufismo moderno rara vez se realiza colocando a alguien en un despacho sin convocatoria ni contrato.
Ahora se redactan bases.
Se crean tribunales.
Se elaboran informes.
Se celebran procesos aparentemente abiertos.
Todo parece legal.
Pero el resultado puede estar decidido antes de que aparezca publicado en el boletín oficial.
La corrupción administrativa más peligrosa no es la que actúa fuera de la ley. Es la que utiliza la propia ley como disfraz.
Y contra esa corrupción solamente pueden luchar quienes conocen desde dentro el funcionamiento del Estado.
El funcionario que se niega a firmar.
El policía que conserva una prueba.
El abogado que presenta un recurso.
El juez que no se deja intimidar.
El fiscal que recuerda que representa a la legalidad y no al Gobierno.
El guardia civil que continúa investigando, aunque sepa que su carrera puede quedar congelada.
Esos son los verdaderos contrapesos de una democracia.
No aparecen en las campañas electorales. No pronuncian discursos. No conceden entrevistas. Muchas veces ni siquiera conocemos sus nombres.
Pero están ahí. Son Los Templarios del Estado.