María Eugenia Carballedo, portavoz en la Comisión Mixta con el Defensor del Pueblo, ha denunciado la "grave y sostenida degradación" del transporte ferroviario en España ante el Defensor del Pueblo. Esta situación está afectando gravemente la movilidad de millones de ciudadanos y comprometiendo la seguridad del servicio público. Carballedo destaca que los problemas como retrasos, cancelaciones y falta de información se han cronificado, especialmente tras el trágico accidente de Adamuz que dejó 46 muertos. Además, critica la falta de responsabilidad asumida por las autoridades y denuncia un contexto de corrupción en el Ministerio de Transportes. Exige una auditoría completa de la red ferroviaria y medidas para garantizar un servicio seguro y transparente para los usuarios.
En la Comisión Mixta de Relaciones con el Defensor del Pueblo
La portavoz en la Comisión Mixta, María Eugenia Carballedo, ha instado al Defensor del Pueblo a que actúe de oficio ante lo que califica como una “grave y sostenida degradación” del transporte ferroviario en España. Esta situación, según su denuncia, está afectando gravemente la movilidad de millones de ciudadanos y poniendo en riesgo la seguridad del servicio público.
Carballedo destaca que, un año después de las primeras advertencias, el deterioro en los servicios de Cercanías, alta velocidad y media distancia se ha vuelto crónico. Los usuarios enfrentan constantes retrasos, cancelaciones, averías y trenes operando sin aire acondicionado. Además, lamenta la “ausencia de información y el maltrato” hacia los pasajeros.
La legislatura actual queda marcada por el trágico accidente ocurrido en Adamuz, donde 46 personas perdieron la vida y 120 resultaron heridas. Carballedo reprocha que “nadie haya asumido responsabilidades” a pesar de las continuas demandas por una investigación exhaustiva. También advierte sobre la investigación que lleva a cabo la Fiscalía Europea sobre el uso indebido de fondos europeos destinados a esa línea ferroviaria.
La portavoz denuncia un “contexto de corrupción sistémica” dentro del Ministerio de Transportes, mencionando altos cargos bajo investigación y al exministro Ábalos condenado por el Tribunal Supremo. Acusa al Gobierno de no convocar la conferencia sectorial requerida por ley y bloquear la implementación de la Ley de Movilidad Sostenible, que permitiría a los ciudadanos conocer el estado real de la red ferroviaria.
Carballedo solicita al Defensor del Pueblo que brinde amparo a los usuarios y exija al Gobierno una auditoría completa sobre la red ferroviaria. Esto incluiría un mantenimiento adecuado, certificaciones necesarias, un calendario vinculante para las actuaciones y la recuperación de indemnizaciones por fallos en el servicio. “Los españoles merecen un servicio ferroviario fiable, seguro y gestionado con transparencia”, concluye.