En una democracia sana, la Guardia Civil es un cuerpo al servicio de la ley y los ciudadanos, no del partido en el Gobierno. Pero bajo el mandato de Pedro Sánchez, esa premisa se ha convertido en una broma macabra. Los generales y la Dirección General del Instituto Armado —especialmente bajo Leonardo Marcos y, sobre todo, Mercedes González— han actuado como comisarios políticos, ordenando a la Unidad Central Operativa (UCO) que se “pusiera de perfil” en todo lo que oliera al entorno del presidente y del PSOE. Y cuando los agentes honrados insistían en cumplir su deber, intentaron expedientarlos, apartarlos y neutralizarlos. Solo la intervención firme de los jueces, que amenazaron con abrir diligencias, frenó esta purga indignante.